- El mundo empresarial español reclamó ayer de manera conjunta al Gobierno que fomente la seguridad jurídica, aproveche al máximo las ayudas europeas y prolongue los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y avales mientras sea necesario para encarar mejor la crisis que se avecina, al tiempo que se opone con rotundidad a subidas de impuestos. “Las crisis no se financian con impuestos, se financian con deuda”, defendió ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alegando que “no hay capacidad económica que gravar” y que si se quiere mantener el empleo y reactivar el consumo y la economía, “lo último que se debería de hacer es subir impuestos”.

Garamendi se hizo así eco de una reflexión que durante las casi dos semanas que ha durado la cumbre no ha dejado de escucharse entre lo ponentes, y que contrasta claramente con la puerta que abría esta misma semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aconsejando ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso revisar los tipos de IVA más bajos. En ese sentido, el presidente de Inditex, Pablo Isla, que inauguró la cumbre y ayer fue el encargado de difundir las conclusiones, apuntó que se ha de velar por una estabilidad presupuestaria que permita el gasto público a corto plazo para afrontar la crisis y volver a la senda de estabilidad fiscal a medio largo plazo. “Hay que promover el gasto público y evitar subidas impositivas en momentos de crisis económica. Otros países europeos están aplicando bajadas de impuestos para salir de la crisis”, dijo Isla.

Entre las recomendaciones se aboga por aplicar una visión de medio y largo plazo a la hora de impulsar inversiones; proyectar seguridad jurídica y credibilidad para atraer y retener inversiones; potenciar el consenso y el diálogo social; flexibilizar los marcos regulatorios, incluido el laboral, y eliminar trabas burocráticas. Sobre el sector sanitario, las empresas reclaman que las inversiones alcancen al menos un punto del PIB para tratar de dejar de estar por debajo de la media europea. Igualmente se insistió en la necesidad de reindustrializar España y tratar de que vuelva a suponer al menos el 20% del PIB, fomentar la innovación y digitalización de las pymes y la Administración, y favorecer un crecimiento inclusivo que no deje a nadie atrás.