- Los ERTE ayudaron a salvar miles de empleos en 2009, sobre todo en empresas de gran tamaño. Aunque a una escala mucho menor que ahora, el recurso a la suspensión temporal de los contratos ya se utilizó para combatir los primeros golpes de la crisis de 2008, si bien la duración de aquella recesión acabó por agotar las reservas de las compañías más débiles y por convertir una parte de aquellos ERTE en despidos colectivos. Economistas y agentes sociales no ocultan su temor a que la crisis producida por el coronavirus repita ese patrón en el terreno laboral.
Para evitarlo el Gobierno central ha articulado una regulación garantista que convence a día de hoy pero abre grandes incógnitas a medio plazo. "Hemos hecho un gran esfuerzo en el diálogo social para responder a una situación desconocida. Hemos establecido certidumbre para los trabajadores", dice Loli García, secretaria general de CCOO-Euskadi. Su sindicato ha sido uno de los artífices de los acuerdos alcanzados en Madrid para respaldar con estímulos públicos la aplicación de ERTE en las empresas afectadas por la paralización de la actividad a causa de la crisis sanitaria. Su alcance es ya de 3,5 millones de trabajadores en el Estado español, casi 200.000 en la CAV.
"Sin esas ayudas estaríamos hablando de niveles de desempleo bestiales insostenibles", afirma García. En el último pacto social entre el Gobierno, la CEOE y CCOO y UGT se fijó el 30 de junio como nuevo horizonte al que extender el sistema actual de ERTE por covid-19. Se mantienen las amplias bonificaciones a las empresas a través de la cuota de la Seguridad Social en los expedientes de fuerza mayor y, hacia los trabajadores, se les permite no consumir la prestación por desempleo. Además, se ha establecido una fórmula de ERTE parcial para negocios y empresas que puedan ir devolviendo a la normalidad a una parte de su plantilla.
El economista Joaquín Arriola también ve con buenos ojos este mecanismo para "socializar costes empresariales en un momento de dificultad". Y añade la ventaja de que permiten "evitar un despilfarro de capital humano" en empresas con actividad estacional como la hostelería o el comercio acostumbradas a cambiar de plantilla con cada pico de demanda, "cuyas consecuencias son una reducción de la eficiencia y la productividad".
"¿Quién no se ha quejado de la falta de profesionalidad de muchos camareros neófitos o de la falta de conocimientos sobre los productos que ofrecen muchos vendedores?", señala Arriola. Eso sí, el profesor de Economía Política de la UPV/EHU resalta que esta sobrecarga en el gasto de la Seguridad Social "debe ser transitorio". "Las empresas tienen que ser conscientes de la obligación que tienen de devolver los recursos cuando la coyuntura mejore", indica.
Sobre esta cuestión, y aunque existe un mar de dudas jurídicas, el Gobierno solo establece la devolución de las cuotas no pagadas en supuestos en los que o bien se incumpla la normativa o bien se entienda que el expediente no está justificado (en todo caso deberán devolver las cuotas las empresas que repartan dividendo y las que tengan su domicilio en paraísos fiscales). A partir de ahí, la duda es qué pasará a partir del 30 de junio.
Preocupa sobre todo el riesgo de asistir a una avalancha de despidos. Para evitarlo el Gobierno fijó un periodo de seis meses a partir de la reanudación de la actividad en el que no es posible extinguir contratos, pero ese blindaje se ha relajado en el último acuerdo. No hay una única lectura al respecto, y de hecho los despachos de abogados apuntan a una oleada de reclamaciones por despido si no se aclara la ley.
Pello Igeregi, de ELA, habla de una "ambigüedad calculada" a la hora de redactar el punto del acuerdo relativo al blindaje del empleo. "Va a generar una situación de falta de seguridad. Algunas empresas van a querer abusar", dice el sindicalista.
La central mayoritaria de Euskadi ve la solución de los ERTE bonificados "un parche" para salir del paso y pide "medidas estructurales urgentes". Igeregi reconoce que los acuerdos firmados en Madrid han evitado la destrucción de muchos puestos de trabajo, pero recuerda que la CAV y Navarra han destruido aun así 30.000 empleos. "El mercado laboral es tan precario que los ERTE no son suficientes", resalta.
ELA incide en que en las últimas semanas la mayor parte de los nuevos expedientes son por causas económicas, es decir, no tienen un origen directo en la crisis sanitaria como los de fuerza mayor. "Tenemos un problema muy gordo de demanda en las empresas porque hay un parón económico mundial. Si no se toman medidas estructurales va a sufrir mucha gente". Igeregi reclama un plan de inversiones públicas global "para transitar a un modelo que lleve a las empresas a aportar bienes esenciales para la sociedad". "Esta crisis ha demostrado que tenemos un tejido productivo que no es capaz de responder a la demanda de bienes tan básicos como mascarillas", valora.
Menos pesimista se muestra Joaquín Arriola, que cree que si se establecen moratorias y otros ajustes en la deuda de las empresas, muchas de ellas sobrevivirán. "Si las administraciones median adecuadamente entre deudores y acreedores, el impacto puede no ser tan grave", dice Arriola, que señala eso sí a la hostelería y el pequeño comercio como los sectores que más sufrirán por el cambio en los hábitos de consumo.
"No es verdad que se haya retirado el blindaje del empleo como se dice por ahí", asegura Loli García, que expone que el último pacto con la CEOE recoge solo tres excepciones a esa prohibición de despedir: los contratos temporales, el despido disciplinario y el concurso de acreedores. "La CEOE quería quitar esa cláusula pero no lo ha conseguido", defiende.
Sobre si habrá empresas que intenten abusar de esas excepciones, García señala que "el decreto es muy claro". "A ver, si una empresa entra en concurso de acreedores es que no se mantiene la empresa. No hay empleo porque no hay empresa. Es lógico y natural", añade. "Lo que hay que evitar es que la empresa entre en concurso con medidas que habrá que implantar más adelante".
Gobierno, patronal y sindicatos españoles trabajan en ese escenario posterior al 30 de junio. Desde el Ministerio de Trabajo se mantiene la máxima prudencia al respecto y se indica que el asunto está en manos de la comisión de seguimiento que integran el Ejecutivo y los agentes sociales, es decir, en principio la intención es acordar una especie de desescalada también para las medidas de suspensión laboral.
Habrá que ver cómo afecta a este proceso de negociación lo ocurrido en torno a la reforma laboral y a ese acuerdo entre PSOE, Podemos y EH Bildu para derogar la normativa de 2012, que ha generado un gran malestar en la CEOE.
La patronal ha declarado suspendida su participación en el diálogo tripartito como medida de protesta, lo que de momento deja en stand by cualquier decisión consensuada en el terreno laboral que estire la protección más allá de julio.
Algunos medios apuntan a que el enfado en el seno de la CEOE podría haberse empezado a cocinar precisamente a raíz del acuerdo sobre los ERTE, y en concreto por esa protección del empleo durante seis meses, aunque el plante se haya escenificado ahora.
El hecho es que lo que ocurra con la legislación laboral en su conjunto afectará de forma directa tanto al sistema de ERTE como al grado de protección posterior que tendrán los trabajadores. Hay que recordar que, de derogarse completamente la reforma de Rajoy, se recuperaría el viejo sistema de despido procedente, al que el PP allanó el camino. Se recuperarían también ciertas garantías con respecto a los ERE y despidos colectivos, que antes de la reforma forzaban a un mayor grado de consenso entre empresa y sindicatos. En cuanto al despido improcedente la reforma rebajó las cuantías de 45 a 33 días por año trabajado.
