- El Gobierno prevé aprobar esta semana la orden que permitirá a los afectados por la crisis del coronavirus solicitar microcréditos sin intereses, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez, para hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas y firmar con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el convenio correspondiente.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, confirmó en una comparecencia en el Congreso que esta semana suscribirá el convenio con el ICO y que los microcréditos podrán solicitarse con efectos retroactivos desde el 1 de abril: “Esta semana estaremos firmando el convenio para que la medida se aplique con efecto retroactivo desde el 1 de abril”.

Según fuentes del Ministerio, los inquilinos podrán acudir a las entidades financieras a pedir estos préstamos a partir la semana que viene, una vez que estas firmen también las condiciones con el ICO y pongan en marcha el sistema.

A falta de que la orden ministerial cierre algunos flecos, podrán solicitar esa ayuda quienes hayan quedado en el paro, hayan sido incluidos en un ERTE o hayan visto reducidos sus ingresos a menos de tres veces el IPREM (unos 1.600 euros), con variables por hijos, mayores de 65 años y dependientes a cargo, siempre que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, sea superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

El Gobierno, que ha dispuesto un tope de 1.200 millones de euros para estos microcréditos, calcula que harán uso de ellos unas 450.000 familias. Según el departamento que dirige Ábalos, el dinero lo recibirán “directamente los arrendadores” de las viviendas, si bien no han podido precisar cuándo.

Aunque el real decreto de 31 de marzo que estableció estas ayudas contempla para ellas un máximo de seis meses, el ministro no descartó en su comparecencia “ampliar” su alcance temporal.

También avanzó que esta semana transferirá a las comunidades autónomas los 100 millones de euros en que se ha incrementado la dotación del Plan Estatal de Vivienda para atender a los sectores vulnerables “estructurales”, es decir, los que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes del covid-19.

En este caso se incorpora un nuevo programa de ayuda y se flexibiliza su gestión para dar apoyo a los arrendatarios vulnerables sobrevenidos. Este importe se sumará al de 346 millones que el Ministerio ya ha “ordenado adelantar, mediante una transferencia urgente”, a las comunidades. Se trata de la anualidad correspondiente a 2020 del Plan de Vivienda, según detalló Ábalos, quien consideró que, “de esta manera, las comunidades autónomas disponen ya de recursos para atender todas las ayudas” que el programa comprende.

El diputado del PDeCat Ferran Bel se quejó ayer de que a Cataluña solo le corresponden 14,5 millones de los 100 millones adicionales, “lo que ni siquiera cubre el déficit generado el año pasado, cuando se quedaron mas de 12.000 solicitudes que cumplían las condiciones sin atender”.

También Francesc Xavier Eritja (ERC) considera “claramente insuficientes” las ayudas al alquiler decretadas por el Gobierno y defendió la suspensión del pago de rentas cuando los arrendadores son “bancos y fondos buitre”. Desde Unidas Podemos, Rafael Mayoral, arremetió contra socimis, fondos y patronales de vivienda por la “actitud de cártel” que, en su opinión, mantienen con sus inquilinos y aseveró que “se están comportando como lo que son, como buitres, en una situación tan grave”, por lo que pidió a Ábalos “mano dura” con ellos.

La diputada del PP Ana María Zurita Expósito criticó que a día de hoy no se pueda acceder a las ayudas al alquiler y que estas discriminen a los inquilinos en función de quienes les alquilan, mientras que la de Vox demandó “políticas de crecimiento” y de construcción de vivienda con fórmulas de colaboración publico-privada, y la de Cs pidió a Ábalos que incluya al sector privado como un “agente colaborador, no como enemigo”.