Bruselas/Madrid - La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró ayer que el Gobierno prevé adoptar un sistema “similar” al aplicado en Francia para el pago de la tasa Google, que en el país vecino se ha congelado hasta diciembre para evitar represalias de Estados Unidos. “Nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional”, dijo Calviño a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en Bruselas.

La vicepresidenta tercera subrayó que en Francia no se ha suspendido el impuesto, sino que simplemente se han suspendido los pagos a cuenta de modo que la liquidación del mismo se produzca a finales de año. El planteamiento francés aplaza hasta diciembre los pagos correspondientes a abril y noviembre. En caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se procedería a su recaudación en diciembre, y de alcanzar un pacto internacional pasaría a aplicarse la nueva normativa. El Ejecutivo galo tomó esta decisión en enero en el marco de sus negociaciones con EEUU.

El Gobierno, confirmó Calviño, prevé aprobar hoy los proyectos de ley de la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, con la intención de que sean aprobados por las Cortes “cuanto antes” y puedan entrar en vigor “lo antes posible”. El Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales gravara con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España y la recaudación estimada era de 1.200 millones de euros. Con la tasa Tobin se pretendía gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y su recaudación prevista era de unos 850 millones anuales.