¿Hacia un sistema propio de prevención, protección y seguridad social en Euskadi?

Conviene recordar, una y otra vez, una serie de elementos clave a tener en cuenta: en primer lugar, ni el PNV, ni el Gobierno Vasco, ni el Parlamento Vasco reclaman nada ex novo sino, simplemente, el cumplimiento, 40 años después de su aprobación de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma Vasca, de los mandatos y recomendaciones en sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, sumir competencias que le corresponden a la Comunidad Autónoma vasca. En segundo término, nadie ha pedido, ni pide la “transferencia de la Seguridad Social y de las pensiones”, sino la concreción de un Convenio Bilateral para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tal y como establecen las leyes mencionadas. Y finalmente, quienes enarbolan su autodenominada etiqueta de “constitucionalistas” excluyendo a quienes no conforman partidos políticos de obediencia centralista del Estado empiezan por incumplir la Carta Magna y de manera unilateral utilizan sus poderes de Estado para ligar, a cuentagotas, el desarrollo íntegro del Estatuto de Autonomía a sus necesidades coyunturales (sea una investidura de gobierno, presidir una comisión conflictiva o superar un problema concreto). Ni PSOE ni PP, cuando han gobernado, se han ocupado y preocupado en completar el “modelo autonómico” acordado en origen, sin contraprestaciones particulares, para posibilitar una transición desde la dictadura hacía una reforma democrática.

La comprensible sensibilidad en torno a la Seguridad Social y su traducción generalizada en términos de pensiones en un contexto de generalizada reclamación de su reconsideración, su cuantía, plazos de cotización o no, además de condiciones y periodos de jubilación laboral, levanta especulaciones. Sin embargo, viene distorsionada por mensajes falsos que deforman la normalidad en un traspaso competencial y de gestión que, como en múltiples áreas de la administración pública y la política, el tiempo ha demostrado una mayor eficiencia y mejores resultados en manos de una administración autonómica próxima, en este caso, en Euskadi.

Las voces centralistas (políticas, sindicales y mediáticas) sacan a pasear el viejo y falso mantra de la llamada “caja única” y el peligro de su ruptura. Dan a entender la existencia de un fondo, caja o depósito intocable, guardado con escrupulosa diligencia, seguridad y rendimiento, en algún bunker secreto, garante de un reparto equitativo, igualitario, infinito, a la vez que solidario (entre generaciones, entre todos los ciudadanos del Estado) y cuya reconsideración, multigestión o descentralización pondría en peligro. Adicionalmente, se esgrime un supuesto “déficit estructural” que haría inviable su sostenibilidad en manos ajenas a la excelente administración desde Madrid en base a un sacrosanto Pacto de Toledo al que habría que suponer una transparencia, eficacia y perpetuidad bondadosa inamovibles.

Así las cosas, se ha de insistir en que el reclamo de estas competencias no es un capricho coyuntural ni un intento por aprovechar una situación y momento político determinado. Por el contrario, es tiempo de propiciar un doble efecto positivo de interés mutuo: por un lado, contar con las herramientas e instrumentos necesarios para, más allá de recomendaciones político-administrativas, contar con un sistema integrado de protección sostenible, universal, suficiente en su cuantía de protección, público, irregresivo y gestionado por nuestras instituciones ejerciendo el autogobierno. Y, por otro, reforzar los compromisos de Estado que faciliten la afección armónica de las diferentes naciones y regiones en un modelo que o se fortalece y respeta o se desligará, día a día, a la máxima desconexión e inconformidad. Beneficio para la ciudadanía, sujeto receptor del sistema.

Son precisamente estos principios los que han regido el reclamo permanente desde el PNV y las instituciones vascas. En 1980, el Gobierno Vasco que surge del Estatuto de Autonomía crea una dirección de Seguridad Social, en el Departamento de Sanidad y Seguridad Social, que ha prevalecido estos 40 años, reclamando y negociando un convenio de gestión entre ambas administraciones, a la vez que observando y aprendiendo de terceros, desde una vigilancia permanente del funcionamiento de la Seguridad Social española y de los sistemas de Seguridad Social a lo largo del mundo.

Y es precisamente ahora, en una larga y dolorosa salida de una crisis que acentúa los problemas de desigualdad, de transformaciones laborales y del empleo, cuando con mayor urgencia se han de acelerar las demandas de alternativas para avanzar hacia nuevas formas de prestación y protección en el marco de tendencias hacia rentas disociadas de la empleabilidad, redoblando el compromiso por reinventar un sistema pleno de prevención, protección y seguridad en Euskadi y para Euskadi.

Se trata de una petición y propuesta responsable y realista, a la vez que exigente y viable, justa y equitativa. Responde a una visión contrastada con las perspectivas de sostenibilidad financiera del sistema, alineada con las perspectivas y escenarios demográficos, dotándose no solamente de nuevos instrumentos de gestión bajo una serie de premisas rectoras, formuladas por el PNV en sus sucesivas ponencias en la materia, que obligan a sus afiliados y representantes en las instituciones:

a) Generar un sistema completo de bienestar y protección social, universal, público y de calidad.

b) Un sistema viable, sostenible y de compromiso intergeneracional e intrageneracional.

c) Con un modelo explícito, garantista de todas las prestaciones, derecho y obligaciones.

d) Un modelo soportado en un doble campo instrumental convergente: 1) desde un órgano de planificación, financiación, aseguramiento y de control. 2) desde la implantación y gestión por una Agencia Pública gestora de la totalidad de las prestaciones, contratante de los servicios y sistemas prestadores.

e) Desde la imprescindible trasparencia, control e independencia a través del análisis, observación y prospectivas garantes de su cualidad.

f) Cooperación interinstitucional e interdepartamental al objeto de lograr la coordinación y convergencia de todos los agentes implicados en el amplio mundo de la prestación, protección, aseguramiento, financiación, ejecución y control del sistema vasco de Protección, Bienestar y seguridad Social.

Nuestras instituciones son plenamente conocedoras de la situación patrimonial y situación económico-financiera de la Seguridad Social, son conscientes de su déficit contable (y de la deuda del Estado con la propia Tesorería de la Seguridad Social, fruto del uso inadecuado de su caja), conocen su fondo de reserva y las necesidades adicionales exigibles y, también, las deficiencias de gestión existentes (cualquiera puede conocerlas accediendo a las actas oficiales del Pacto de Toledo). Saben, también, de la insuficiencia en la atención del demandante estado de bienestar, además del confuso entramado legal que se ha venido tejiendo y que exige una eficaz transformación. Aún, así, no solamente entienden que es su obligación asumir todas las competencias y responsabilidades que les corresponden, basadas en su marco estatutario. Y que el abordar un objetivo prioritario como es el desarrollo inclusivo para la población, fortaleciendo el estado de bienestar, exige nuevos instrumentos capaces de conformar un sistema integrado en el que encajan las diferentes iniciativas que se han venido implantando a lo largo de estos 40 años de autogobierno.

Ni capricho, ni oportunismo. Responsabilidad y compromiso con uno de los pilares esenciales de un nuevo y necesario estado social de bienestar. Construyendo espacios de futuro al servicio de la sociedad.