MADRID - El El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, sostiene que la “múltiple contratación” del excomisario por parte de “altos directivos” del BBVA para supuestas labores de espionaje se llevó a cabo “a cambio de elevadas sumas de dinero”, que cifra en 10,2 millones de euros. En el auto en el que acuerda levantar el secreto de sumario de esta pieza, al que tuvo acceso Efe, el magistrado explica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa de Villarejo, “por un importe total de 10.284.689,30 euros los cuales tendrían su origen en la prestación de servicios” para el BBVA, que figura como imputada en esta pieza.

Según el magistrado, la contratación del excomisario “por parte de altos directivos de la entidad” perseguía “el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial” e “ilícito” dada la “incompatibilidad de los encargos” asumidos por su entramado empresarial con su condición de funcionario policial en activo, lo que podría implicar un delito de cohecho pasivo. Y además señala que los trabajos, encargados supuestamente entre 2004 y 2017, supusieron una “reiterada injerencia” en los derechos de las personas “mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria”, lo que podrían constituir “múltiples delitos de encubrimiento y revelación de secretos”.

El juez abrió esta investigación en diciembre de 2018 para investigar “las sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo (...) por parte de altos directivos” del BBVA “no plenamente identificados en aquella fecha, salvo su responsable de Seguridad Corporativa Julio Corrochano”, también antiguo miembro de la Policía, que tuvo que pagar una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión. Aparte del banco, en esta pieza, la número 9, también están investigados cargos y excargos de la entidad, como su expresidente Francisco González. El instructor explica que en este punto de la investigación se han practicado diversas diligencias para comprobar “la regularidad de determinadas transacciones” en favor de las empresas de Villarejo “de las políticas de cumplimiento” de BBVA. - Efe