madrid - La firma ayer del acuerdo para elevar el salario mínimo hasta los 950 euros ha dado el pistoletazo de salida a la negociación para modificar algunos aspectos, los “más lesivos”, según el Gobierno español, de la última reforma laboral. Así lo anunció la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, poco después del acto protocolario en el que los agentes sociales y el Ejecutivo sellaron el pacto en torno al SMI. La foto, en la que Pablo Iglesias buscó su cuota de protagonismo, certifica el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno de coalición y los empresarios, que no han ocultado su preferencia por otras alianzas entre los partidos.

Superado esos primeros momentos de tensión y una vez formalizada la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo sobre el SMI y el tono en general más constructivo por parte de la patronal alimentan las expectativas de futuros entendimientos. La figura clave en ese viraje de la CEOE ha sido su presidente, Antonio Garamendi, que ha vencido la oposición interna a pesar de que la subida del salario mínimo sigue generando enorme inquietud entre los empresarios.

En ese contexto y también con grandes líneas rojas por parte de la patronal, se inicia ahora la revisión de la reforma laboral. En concreto, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, se reunirá esta misma mañana con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en la que será una primera reunión técnica para empezar a modificar la reforma laboral que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

De este modo se empezarán a dialogar en torno a los elementos de más urgencia y se trabajará así para dar “más voz” a la negociación colectiva y para abordar aspectos siempre delicados como el de la subcontratación, avanzó la ministra.

Yolanda Díaz, la escogida por Unidas Podemos para darle una vuelta a la normativa del mercado de trabajo, recordó ayer que su intención es afrontar la derogación de la reforma laboral en dos fases -la primera es la que se inicia hoy- y que más adelante se dará paso a otra más intensa en la que se revisará las condiciones de contratación y despido, entre otras cuestiones. “No vamos a anticipar debates, hay causas de despido que atienden a razones y motivaciones que operan en el mundo de trabajo, pero no voy a anticipar nada, aunque lo que sí digo es que se va a plantear una vez arranquemos y frenemos la parte más urgente y lo que requiere mayor atención”, remarcó.

Preguntada sobre la desindexación de los contratos públicos, Díaz apuntó que este es un planteamiento que se ha realizado en todas las conversaciones con los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos, y creen que esto debe ser así, aunque ha afirmado que más adelante transmitirá su posición. Acerca de cuándo se derogará el artículo 52 apartado D del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas encadenadas, señaló que falta algún informe y que no irá al próximo consejo de ministros del martes.

La titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social dejó claro que la derogación de este artículo no se va a someter al diálogo social, porque, según Díaz, “sencillamente no se puede dialogar cuando hay vulneración de derechos fundamentales”. La intención declarada del Ejecutivo, recogida en el acuerdo programático, es la de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 para recuperar los derechos “arrebatados”, como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

Otro punto de la reforma laboral que está previsto derogar es la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros. Las mesas de trabajo que se formarán de los agentes sociales en el marco del diálogo tripartito también tendrán que abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque las principales organizaciones sindicales han dejado claro que previa a esta modificación se deben derogar las reformas laborales y volver a la situación anterior.