GASTEIZ - La gran reforma institucional pendiente en Euskadi, la nueva Ley de Aportaciones, ha dejado de tener fecha para su aprobación -en anteriores Consejos de Finanzas se ha marcado como plazo el cierre del ejercicio-, pero, tras acumular varios retrasos, el mensaje fue ayer menos ambicioso en cuanto a los tiempos pero igual de optimista que en otras ocasiones.

Fue el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, quien afirmó que los trabajos para dar a luz la nueva normativa están “bastante avanzados”. Así, Azpiazu explicó que el foro que reúne a Gobierno Vasco, diputaciones y Eudel, “ratificó” ayer “su compromiso de elaborar un borrador” en la reunión celebrada ayer en la capital alavesa.

En esta línea recordó que en el seno del CFV hay un grupo de trabajo que tiene encomendada esta tarea y anunció que esta se retomará ahora, tras el “parón” que supusieron las elecciones forales de mayo, y que en cualquier caso los trabajos están “bastante avanzados”.

La Ley de Aportaciones, que determina la cantidad de dinero que aporta cada territorio histórico a las arcas comunes de Euskadi, está prorrogada desde 2012 por discrepancias entre las instituciones forales, que en esta legislatura están todas gobernadas en coalición por PNV y PSE. La discusión se centra básicamente en el peso de cada territorio en el conjunto de la economía. A falta de acuerdo, el pasado mes de febrero el Consejo Vasco de Finanzas creó un fondo extraordinario que se activará cuando algún territorio no alcance el 99% del porcentaje que le corresponde aportar, y tendrá como límite el 0,45% de los recursos que se van a distribuir.

Además desde 2015 se aplica el Fondo General de Ajuste -que busca garantizar una aportación equilibrada de cada territorio- y que se traducirá en que el año próximo Araba reciba 57 millones y Gipuzkoa 80,9. De hecho Azpiazu puso el foco en que a pesar de que la ley no se haya renovado desde 2012 las instituciones vascas son capaces de repartirse los recursos “sin mayor problema”. - A.D.M.