Todo comenzó el 11 de julio de 2018, hace poco más de un año. Sin aviso y se supone que sin nocturnidad ni alevosía, la hoy ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, aprovechó un canutazo ante los medios en los pasillos del Congreso para lanzar un dardo dialéctico al sector del diésel del que éste, doce meses después, aún trata de reponerse. Aquel contundente “los motores diésel tienen los días contados” desató una tormenta sin parangón en el país que, en consecuencia, se ha traducido en una alarmante caída de las ventas, ajustes por doquier entre los fabricantes con plantas en el Estado y una pérdida paulatina del empleo. Aquellas palabras cargadas de “insensatez”, según han venido denunciando desde entonces algunos de los principales agentes del sector, han sembrado de incertidumbre e inestabilidad a un nicho industrial marcadamente estratégico para la economía española y, por ende, la vasca, donde se encuentra la planta de Mercedes Benz, la fábrica más grande de Euskadi y una de las joyas del grupo Daimler en Europa, cuya producción, por cierto, está estrechamente ligada al diésel: el 85% de los motores que ensambla en sus furgonetas pertenecen a este rango de combustible.
Así las cosas, la tiranización del gasóil no ha dejado de cobrarse víctimas desde entonces. Una de las primeras que concretó una reducción de puestos de trabajo fue la factoría de Nissan en Barcelona, que semanas después del bombazo de Ribera anunció oficialmente un ajuste de personal de 600 personas para compensar las mercas de producción. Ford, Opel o la propia Mercedes siguieron inevitablemente la estela de su competidora tratando de adaptarse al nuevo escenario, aunque sin mucho éxito.
Porque más allá de los vaivenes propios que atenazan al sector, la falta de transparencia política y la ausencia de un Gobierno estable están acabando con la paciencia de un sector que lejos de mejorar, lamentan desde Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, continúa echando de menos un plan de choque “real” que reactive las ventas y una alternativa convincente para el achatarramiento de un parque de automóviles que, ante la incertidumbre entre familias y particulares, no para de crecer. Si en 2007 apenas un 35% de los turismos en España tenía más de diez años de antiguedad, a día de hoy esa cifra casi se ha duplicado, alcanzando el 62%. “Hay que repensar un plan que incentive el cambio de coche y ayude a reducir el impacto medioambiental de un parque con demasiados años de media. De lo contrario, a este ritmo la antigüedad continuará subiendo como mínimo hasta 2020”, advierten por su parte desde Ganvam, la otra gran patronal del sector que agrupa a los vendedores de vehículos a motor, reparación y recambios.
En este contexto de incertidumbre en el que está atenazado el consumidor, la crisis continúa a lo suyo un año después. El canal de empresa, que venía sosteniendo el mercado, registra cifras negativas, mientras que el de particulares presenta ya el décimo mes consecutivo a la baja y con la dramática previsión de seguir aumentando la brecha en los próximos meses si no se toman medidas urgentes y estructurales. En este punto, advierten en el sector, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de impedir una caída libre del mercado si no quieren comprobar en primera persona el efecto contagio que este escenario terminará teniendo sobre la economía.
una derivada “criminal” La planta alavesa de Mercedes constituye un buen ejemplo. La derivada “criminal” a la que está siendo sometido el sector está lastrando la competitividad de una factoría ejemplar para el grupo Daimler, que en los últimos tiempos había dado sobradas muestras de una gestión eficaz y eficiente a partir de un nivel de producción que a finales del pasado año caminaba hacia una cifra récord de 163.000 furgonetas y la creación de nada menos que 1.500 puestos de trabajo indefinidos entre los meses de diciembre de 2016 y julio de 2018.
Sin embargo, llegó la incendiaria declaración de la ministra Ribera y el castillo comenzó a desmoronarse. Mercedes se costipó y a la provincia entera le entró la fiebre. Como era de esperar ante un llamamiento tan irresponsable, el efecto funcionó y la psicosis generalizada no hizo sino acelerar la llegada de graves problemas para un sector que, en términos estatales, da trabajo a unas 600.000 personas y supera el 10% del PIB español. Si bien en el fondo del mensaje cabría encontrar alguna lógica política a la hora de tratar de dirigir a los compradores hacia comportamientos cada vez más responsables, las formas, tremendamente desafortunadas, terminaron por matar un debate que ya había nacido viciado y al que ahora nadie parece atreverse a colocar el dichoso cascabel.
En este escenario, Euskadi, y sobre todo Álava, su provincia más industrial con un peso aproximado del 30% de su PIB, no son ajenos a esta coyuntura. Con una compañía como la alemana ya instalada en la crisis, la incertidumbre hace ya un tiempo que está asentada no ya solo entre la propia plantilla sino también entre su extenso parque de proveedores y, por descontado, la propia sociedad alavesa, temblorosa a estas alturas ante un futuro incierto. “No se puede demonizar de forma injustificada a un sector como el del diésel; estamos en plena transición hacia energías renovables y hay espacio para que convivan todas”, deslizó recientemente el alcalde, Gorka Urtaran, durante una visita a la factoría de Ali Gobeo.
Desde prismas distintos, todos los agentes afectados siguen con máxima expectación el desenlace de una crisis de difícil digestión. Sin soluciones mágicas ni programas que inviten a la esperanza , todo hace indicar que urge, de primeras, estabilidad en el Gobierno para después crear una mesa negociadora a nivel nacional con la participación de todos las partes implicadas. “La situación es mala pero reversible, hay salida. Tenemos que trabajar en positivo con todos los agentes sociales, con un plan de achatarramiento, coordinación entre las leyes de cambio climático e impulso a la compra de los vehículos alternativos, en línea con la polítiva marcada por el Gobierno”, sugieren desde Anfac.
JUNIO 2018
Particulares465
Empresa263
JUNIO 2019
Particulares375 (-19,35%)
Empresa249 (-5,32%)
Gasolina422 (-7,8%)
Diésel144 (-27,6%)
*En el acumulado hasta junio se vendieron 725 coches diésel, un 38% menos que hace un año.
