vitoria -El Gobierno Vasco aprobó ayer el proyecto de ley de Empleo Público, que tiene entre sus objetivos reducir la temporalidad en el conjunto de la administración vasca. Se trata de la norma consensuada en septiembre con las diputaciones y Eudel, la asociación de municipios vascos. Como ya ocurrió hace unos meses, los sindicatos rechazaron el planteamiento porque a su juicio no resuelve los problemas de los funcionarios.

Entre las novedades, junto a la equiparación de los permisos parentales independientemente del sexo, destaca la posibilidad de que los empleados públicos interinos consoliden su empleo si llevan más de ocho años ligados a la Administración y aprueban una prueba adicional relacionada con su puesto de trabajo en el marco de una oposición general.

Otra de las condiciones establecidas para la realización de ese examen especial de acceso al funcionariado es que el porcentaje de interinidad existente en el grupo profesional del trabajador público supere el 40%. Los sindicatos denuncian constantemente que casi la mitad de la plantilla de Osakidetza no tiene su plaza consolidada y señalan a colectivos como el de enfermería como principales focos de la interinidad en la Administración pública. De este modo, el mecanismo podría estar muy centrado en la sanidad pública vasca. Fuentes del Departamento de Gobernanza Pública aseguraron ayer que se trata de una “medida muy importante” que puede reducir los niveles de temporalidad en el sector público vasco.

En el proyecto de ley se recoge además la equiparación para los 110.000 trabajadores públicos de los permisos parentales de los funcionarios independientemente del sexo y del tipo de familia, con una duración de 16 semanas para cada uno, 100% remunerados e intransferibles. El Gobierno respaldado por PNV y PSE enviará esta semana el proyecto al Parlamento donde debe buscar apoyos al carecer de mayoría para sacarlo adelante. Por ello, el consejero Josu Erkoreka comparecerá en el Parlamento para dar detalles a los grupos.

Donde tendrá más que complicado tejer complicidades es con los representantes de los trabajadores. ELA afirmó que la ley perpetúa la temporalidad en la Administración, refuerza la capacidad del Gobierno para decidir unilateralmente las condiciones laborales sin negociar con los sindicatos, no apuesta por la euskaldunización y se “somete” a la legislación estatal.

LAB reclamó una ley para consolidar el empleo público en la Administración vasca, mientras que UGT pidió que se fije “un 8% como máximo de contratación temporal”.