BILBAO - Ahorrar más, un 6% anual durante toda la vida laboral, y jubilarse más tarde, en lugar de a los 63 años reales actuales a los 68 años, es la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Por su parte, un informe de Fedea, una fundación surgida en 1985 al calor del Servicio de Estudios del Banco de España, indica que para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social sería preciso pagar más impuestos, un 23% más de IRPF, aumentar las cotizaciones sociales, un 4,8%; elevar un 17,1% los salarios o generar 3,6 millones de nuevos empleos. Todo ello para poder pagar la factura de las pensiones en el conjunto del Estado español.

Porque la factura de las pensiones no deja de crecer como se ha visto en este mes de enero donde el dinero destinado a abonar a los pensionistas su mensualidad se ha disparado en el conjunto del Estado, un 7%, hasta alcanzar la cifra récord de 9.535 millones de euros.

Mantener un sistema público de pensiones es algo que ya practicante nadie discute en el Estado español, ni los más acérrimos partidarios de impulsar las pensiones privadas -bancos y aseguradoras, que quieren hacer negocio con sus correspondientes comisiones por la gestión del ahorro de los trabajadores- cuestionan ya que es importante la existencia del sistema de la Seguridad Social en el futuro. La discusión actual se centra en hacer sostenible en el tiempo el sistema de cara a las próximas generaciones y, sobre todo, en cómo hacer frente al pago de la factura cuando en el año 2050, según el INE, se espera que el número de pensionistas se acerca a los 15 millones.

Y la factura es muy importante y “la sociedad española no es consciente de la magnitud de las cifras del sistema público de pensiones”, señala el profesor de Economía, Miguel Ángel García, autor del informe del centro de estudios Fedea titulado El sistema público español de pensiones: Mitos y realidades. Las cifras son impresionantes en términos absolutos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 contemplan un gasto en pensiones de nada menos que 135.267 millones de euros, lo que representa un incremento de nada menos que el 6,4% respecto al año anterior. Ello supone casi el 42% de todos el dinero de los presupuestos.

La nómina mensual destinada a abonar las 9,7 millones de pensiones contributivas del sistema supera los 9.500 millones de euros. Una cifra que crece mes a mes y que, por ejemplo, no se podría cubrir ni con todo el presupuesto anual del Ministerio de Defensa que suma unos 8.500 millones de euros. Y estamos hablando de un único mes..

Más gastos que ingresos El problema es que los ingresos no alcanzan para cubrir este gasto. De hecho, el déficit de la Seguridad Social el pasado año alcanzó los 18.937 millones de euros, una cantidad que, por ejemplo, supera todos los ingresos fiscales de la Comunidad Autónoma Vasca en 2018, que fueron 14.981 millones de euros, una cifra récord histórico.

¿Qué hacer para poder cuadrar las cuentas de la Seguridad Social cuando los ingresos por las cotizaciones sociales solo aportarán este año, en una época de crecimiento económico, el 77,1% del mismo, con un total de 123.584 millones de euros? Las respuestas son para todos los gustos y seguramente no van a gustar mucho pero la realidad y los números son los que son.

Mucho más impuestos El citado informe de Fedea señala que para alcanzar los ingresos necesarios, a fecha de hoy, sería precisa pagar más impuestos, mucho más, en concreto indica que sería necesario subir el IRPF de todos los contribuyentes un 23%.

Otra alternativa sería conseguir una economía tan competitiva a nivel global que pudiera generar nada menos que 3,6 millones de nuevos empleos a sumar a los 19 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con que se ha cerrado 2018.

Una tercera alternativa pasaría por elevar los salarios de todo el colectivo laboral español en un 17,1%, siempre según el estudio de Fedea, (de forma que aumentaría la base de cotización de los trabajadores y, por lo tanto, los ingresos de la Seguridad Social por recaudación).

Por último, otra alternativa pasaría por elevar el tipo medio de cotización que pagan las empresas y trabajadores un 4,8%.

Teniendo en cuenta que el Estado español tiene déficit comercial con el resto del mundo lo que implica que los productos que se fabrican no son lo suficientemente competitivos, una elevación de los costos para las empresas, vía cotizaciones y salarios, podría generar el efecto contrario de lo que se pretende.

Más años de trabajo Más genéricas son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en un informe sobre el futuro del ahorro y de las pensiones en una sociedad envejecida titulado The Future of Saving : The Role of Pension System Design in an Aging World recuerda que el envejecimiento de la población en las sociedades occidentales dejará en una difícil situación los sistemas públicos de pensiones en el plazo de 30 años, por lo que recomienda a estos países que tomen medidas para reformar sus sistemas y garantizar las prestaciones.

Pero la medida más aconsejada es doble. Por una lado pide a los trabajadores en activo que se retiren más tarde o sea que aplacen la edad de jubilación más allá de los 65 años de edad, y a los jóvenes les recomienda que ahorren para poder complementar sus pensiones públicas cuando les llegue la edad de jubilación.

El FMI, en su línea habitual, insta a recortar las pensiones públicas pero al menos empieza a reconocer que la necesidad de que las reformas sean realizadas cuidadosamente para evitar unos recortes de prestaciones excesivos a los futuros jubilados y “para no fomentar la pobreza de tercera edad”.

“En las economías avanzadas donde las pensiones han sido reformadas, para quienes han nacido a partir de 1990, las simulaciones sugieren que elevar la edad de jubilación en cinco años (desde la media real de 63 años actual a los 68 años en 2050) cerraría la mitad de la brecha perdida respecto a los actuales pensionistas”, indica como primera sugerencia. Después, sus economistas concluyen que si los mismos trabajadores ahorraran cada año un 6% de sus ingresos, completarían la otra mitad perdida”.

Gasto. La Seguridad Social tiene previsto gastar este año en abonar las pensiones un total de 135.237 millones de euros, un 6,4% más que en 2018. La partida mensual alcanza ya los 9.535 millones de euros, una cantidad que, por ejemplo, supera el presupuesto anual del Ministerio de Defensa español que es de 8.500 millones de euros.

Ingresos. La cantidad de dinero que entra en el sistema de la Seguridad Social por vía de las cotizaciones sociales alcanzará este año, según los Presupuestos Generales del Estado, la cantidad de 123.581 millones de euros.

Déficit. Dado que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos del sistema, la Seguridad Social tendrá este año un déficit de 18.650 millones de euros, una cifra superior a todos los ingresos fiscales de la suma de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que alcanzaron al cierre del último ejercicio, la cifra récord de 14.981 millones.

Pensionistas. Al cierre del presente mes de enero, el número de pensiones contributivas abonadas por el Estado se elevó a 9.695.870. La mayor parte, cerca de 6 millones fueron pensiones de jubilación.

Trabajadores. El número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha llegado en 2018 hasta un total de 19.024.465 ocupados, dicha cifra todavía está por debajo de la existente al cierre de 2007, antes de la crisis, y que era de 19.372.777.

Pensiones mínimas. La de jubilación en 2019 será de 835 euros mensuales. La de invalidez total y absoluta, 835 euros. La de viudedad con 65 años o más, 677 euros. La de orfandad, 207 euros. La pensión no contributiva asciende a 392 euros.

Pensiones máxima. La de jubilación en 2019 alcanzará los 2.659 euros mensuales o 37.231 euros anuales.

1.392

euros mensuales es la pensión media de jubilación en la CAV. En Nafarroa asciende a 1.279 euros. En el Estado es de 1.129 euros

Territorios

Araba1.244

Bizkaia1.235

Gipuzkoa1.196

Nafarroa1.130

España983