VITORIA. Así lo han decidido los representantes de asociaciones de pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa que se han reunido hoy en Gasteiz para analizar las próximas acciones que llevarán a cabo para exigir unas pensiones dignas.
Esa gran movilización no tendrá lugar en una ciudad en concreto sino que las manifestaciones se celebrarán en cada una de las capitales, y también se intentará que se coordine con otras asociaciones del resto de España, según ha explicado a Efe el portavoz de la plataforma alavesa, Juan Antonio Armentia.
Al margen de esta convocatoria los pensionistas vascos seguirán organizando concentraciones todos los lunes y otras protestas como la manifestación que este sábado han convocado los vizcaínos en Bilbao.
En Gasteiz, el 21 de este mes los pensionistas prepararán cartas individualizadas con el contenido de sus reivindicaciones que serán entregadas el 28 en la Delegación el Gobierno en el País Vasco.
Armentia ha señalado que también los pensionistas vascos y navarros pedirán un encuentro con los grupos de EH Bildu y Unidos Podemos en el Congreso, los únicos han mostrado por el momento su disposición a reunirse con ellos.
Este portavoz ha lamentado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no se haya reunido con los pensionistas vascos como así se lo han solicitado en una carta y haya delegado este encuentro en la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que aún no ha se ha puesto en contacto con estas asociaciones para celebrar una reunión.
En un comunicado elaborado por las cuatro asociaciones de pensionistas, este colectivo ha recordado que el pasado martes se cumplió un año desde que iniciaron las movilizaciones, período en el que sus demandas han entrado en la agenda política.
Han destacado que se ha conseguido que las pensiones en general suban un 1,7 % en 2018 y un 1,6 % en 2019, que las mínimas lo hagan un 3 % en ambos años y que el cálculo del salario regulador para las personas viudas pase del 56 % al 60 %, así como que el factor de sostenibilidad sea prorrogado hasta el año 2023.
Estos "limitados avances", añaden, están "muy lejos" de sus reivindicaciones que son la subida permanente de las pensiones en base al IPC, una pensión mínima de 1.080 euros al mes y la derogación definitiva del factor de sostenibilidad.
También reivindican el impulso y la garantía de un sistema público de pensiones frente a la privatización de las mismas.
"Conseguir estas demandas nos exige e impone continuar con nuestras movilizaciones.
Somos conscientes de la importancia de los próximos meses más aún cuando en mayo de este año se van a celebrar elecciones", añaden en el comunicado.
"Todos los partidos van a tratar de no aparecer, al menos, contrarios a nuestras demandas", concluyen.
