madrid - La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó ayer un paquete de medidas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Las propuestas giran en torno a dos ejes: incrementar los ingresos del sistema y reducir sus gastos. Para el primer objetivo, el supervisor de las Cuentas Públicas, entre otras medidas, plantea aumentar las cotizaciones destinadas al pago de las jubilaciones en las nóminas de los trabajadores y reducir las que están ligadas a las prestaciones por desempleo.

Básicamente plantea reducir la cotización por paro en tres o cuatro puntos en favor de la Seguridad Social. El coste para los empresarios no aumentaría y el sistema de pensiones recibiría unos ingresos extra.

De este modo, según los cálculos de la AIReF se produciría un trasvase de unos 9.000 millones de euros desde el Servicio Público de Empleo a la Seguridad Social. Además, también se propone que el Estado asuma directamente algunos gastos que en estos momentos soportan las cotizaciones. Se trata de los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones de euros anuales), los programas de fomento del empleo basados en reducción de cotizaciones (2.000 millones), así como las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones de regímenes especiales, que suman 1.000 millones de euros.

En ese caso, la Seguridad Social se ahorraría 16.000 millones anuales y el sistema dispondría de un buen colchón para sanear sus cuentas y atender los compromisos estríctamente ligados a las pensiones. El déficit del Estado aumentaría como consecuencia en ocho décimas, hasta el 2,2%, pero la Seguridad Social alcanzaría un equilibrio presupuestario que permitiría rebajar el déficit público total hasta el 1,9%.

Las propuestas de la AIReF llegan en pleno debate sobre el futuro de las pensiones y el supervisor fiscal advierte del impacto de algunas de las modificaciones introducidas en principio con carácter temporal por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En concreto, considera que vincular las jubilaciones al IPC en 2018 y 2019 y la mejora de las pensiones mínimas y de viudedad aumentarán hasta en tres puntos la inercia del crecimiento anual del gasto del sistema.

Por ello, el organismo asegura que si se elimina definitivamente el índice de revalorización de las pensiones, el Gobierno debe ofrecer una “alternativa” que no sea el IPC para evitar un “problema de sostenibilidad” del sistema a partir de mediados de la próxima década. En esa línea, a la espera de lo que se decida en el Pacto de Toledo, la AIReF asegura que no le “consta” que se vaya a eliminar de forma definitiva el factor de sostenibilidad de las pensiones, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de cada momento y que no entrará en vigor este año como estaba previsto.

edad de jubilación En relación a esta cuestión, el supervisor presupuestario considera que el envejecimiento de la población aumentará el gasto en pensiones entre dos y cuatro puntos del PIB los próximos 30 años. Para contrarrestar ese efecto demográfico, estima que hay que continuar profundizando en las medidas puestas en marcha en la reforma de 2011 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así plantea aumentar hasta los 35 años el periodo de cotización con el que se realiza el cómputo de la pensión frente a los 25 años que se alcanzarán en el año 2022.

De forma paralela, la AIReF plantea endurecer los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria de cara a fomentar el aumento de la edad efectiva de la jubilación. Pese al aumento progresivo de los años necesarios para el retiro, la media de edad de acceso a la jubilación se sitúa en estos momentos en los 62,4 años, por debajo de la media de los países de la OCDE (64,3 años) y lejos del objetivo de los 67 años fijados para 2027 en la reforma de 2011.

Equilibrio. La AIReF sostiene que equilibrar las cuentas de la Seguridad Social permitiría “reducir la incertidumbre” sobre la sostenibilidad del sistema.