gasteiz - El comité de empresa de La Naval propuso ayer a la plantilla del astillero de Sestao que utilice su indemnización y capitalice su paro de cara presentarse como inversores, poniendo “alrededor de cuatro o cinco millones de euros, y conseguir así el 40% del accionariado”, y emplazó a los gobiernos vasco y central a que pongan el 60% restante. “Empecemos a andar, espero respuesta”, indicó.

En declaraciones a la prensa durante la celebración del pleno de control al Gobierno Vasco en el Parlamento, el secretario del comité de La Naval, Juanjo recordó que han planteado tres propuestas para evitar el ERE de despidos presentado por la empresa, ha lamentado que la respuesta haya sido “la de siempre”, diciendo que no pueden entrar en el accionariado si no hay un inversor privado porque “Europa no les deja, que no se puede, la misma cantinela de siempre”.

El portavoz del comité de empresa defendió que no piden “mucho” pero recordó que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia insiste en que “la solución es contar con un inversor”. “¿Están esperando a que caiga un inversor del cielo?, porque llevamos 17 meses esperando a un inversor”, se preguntó. Ante esta situación y “con el ánimo de buscar una solución”, explicó que ha propuesto al Comité que la plantilla de La Naval utilice su indemnización para presentarse como inversores, poniendo “alrededor de 4 o 5 millones de euros, y conseguir así el 40% del accionariado”.

“Les echo el guante al Gobierno central, al Vasco y a las diputaciones para que pongan el 60% restante, añadió. Según ha recordado, el comité preparó un informe, elaborado por un bufete “especialista en competencia”, que concluye que es “plenamente posible” la compra del astillero.

Antes de las declaraciones del Comité, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, reiteró, al igual que viene haciendo en los últimos meses, la posición del Ejecutivo respecto a las posibilidades de entrar en el accionariado del astillero vizcaíno. De esa forma, insistió en el Parlamento que para que el Ejecutivo pueda dar ese paso, es necesario que, con carácter previo, uno o varios inversores privados se comprometan a adquirir La Naval y a impulsar un proyecto con “garantías de futuro”.

Además, precisó que en todo caso esos eventuales inversores deberían aceptar la entrada de capital público en el accionariado. La consejera indicó que la participación pública en el accionariado debería ser “igual o inferior” a la del capital privado. De modo que no se podría abordar el esquema 40%/60% que planteó Llordén. - DNA