madrid - El PP ha pedido un tiempo muerto en el Pacto de Toledo a la espera de elegir presidente, liderazgo para el que en estos momentos hay seis candidatos, lo que retrasará la aprobación del nuevo sistema de subida de las pensiones al menos hasta septiembre. Ayer tampoco fue posible acordar la redacción de esta recomendación ante las resistencias de algunos grupos, entre ellos el PP, a aceptar un incremento ligado al IPC sin que esté condicionado por futuras crisis económicas. La dimisión de Mariano Rajoy y la carrera por liderar el partido da un argumento más a los populares para evitar un acuerdo que asegure el poder adquisitivo de los pensionistas más allá de 2019.

Todo apunta a que la fórmula de revalorización de la última reforma tiene los días contados tras las masivas movilizaciones realizadas por los pensionistas estos meses, pero aun no está claro cómo va a ser el mecanismo que la sustituya. Hay un consenso más o menos trabajado enfocado a mejorar las pensiones en porcentajes que estén “en el ámbito del IPC” pero hay partidos como PP o Ciudadanos que reclaman matizar esto con una redacción que incluya la previsión de reducir el incremento en los años de crisis económica.

Esto podría hacerse, tal y como están en estos momentos las conversaciones del Pacto de Toledo, por dos vías: o ligar la subida de las pensiones al PIB y la evolución salarial de manera permanente o incorporar estas variables solo cuando la economía vaya mal. También se ha puesto en la mesa la posibilidad de que las prestaciones más altas hagan “sacrificios” para garantizar que hay dinero en caja.

Es evidente que la presión social ha obligado a todos los partidos a resituarse, pero es una incógnita si los pensionistas podrán recuperar la referencia de los precios en su prestación de manera definitiva. El acuerdo entre PP y PNV asegura el mismo incremento que los precios este año y el que viene, pero ya en 2020 habrá que atenerse a lo que se decida en el Pacto de Toledo.

Ayer varios portavoces hablaron de bloqueo en las negociaciones, a lo que se suma la petición del PP de esperar al Congreso del partido los próximos 20 y 21 de julio para retomar las negociaciones ya con una nueva dirección popular. “En mi partido también tendremos que elegir al que debe mandar y a partir de ahí pueden también producirse cambios de posiciones”, señalaba ayer el portavoz del PP en la comisión del Congreso sobre pensiones, Gerardo Camps.

Una declaración que insufla algo de optimismo sobre un posible giro del PP en esta materia, aunque el mensaje del partido sigue siendo que, sin la reforma de 2013, el gasto que tendrá que afrontar la Seguridad Social es inasumible y echará por tierra los planes de estabilidad económica pactados con Bruselas.

Ayer Camps emplazó, además de a la elección de su nuevo presidente, a esperar a la comparecencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, prevista para principios de julio, y pidió que esté también el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, “que sabe mucho de esta materia”. Hay que recordar que Granado ya dirigió la Seguridad Social en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se aprobaron entre otras la reforma que retrasa progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años.

septiembre en el horizonte Los pensionistas mantendrán el pulso en la calle a lo largo del verano, como es el caso de las plataformas vascas, que ya están organizando nuevas movilizaciones y actos de protesta en los acontecimientos señalados como la Aste Nagusia bilbaina. El hecho es que no hay visos de que, teniendo en cuenta que el nuevo presidente del PP será elegido a finales de julio, el Pacto de Toledo pueda llegar a una conclusión antes de septiembre.

También la posición del PSOE es clave, y en los grupos políticos circula la sensación de que los socialistas, que mantienen que la referencia del IPC es irrenunciable, pueden suavizar su postura después del verano. Fuentes parlamentarias relativizan la formación de dos bloques definidos en el Pacto de Toledo, con PSOE y Podemos a favor del IPC permanente y PP y Ciudadanos pidiendo limitar las subidas, y subrayan que la redacción del texto aun está verde y que por tanto aun pueden producirse muchos movimientos entre los partidos.

Desde el PNV, decisivo esta legislatura, se remarca que la referencia tiene que ser “sí o sí” el IPC, pero se mantiene la puerta abierta a pactar la inclusión de indicadores económicos en esa fórmula si eso sirve para garantizar el consenso.

millones de euros La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifró ayer en 2.700 millones de euros el aumento del gasto por subir las pensiones en 2018 y 2019 por encima del 0,25% previsto inicialmente. Esta cifra total se desglosa en 700 millones de euros procedentes de la subida de las pensiones de viudedad por el incremento de la base reguladora y en 2.000 millones de euros por el aumento del resto de las pensiones para 2018 y 2019.

Incremento del gasto. Durante su intervención en unas jornadas en la Universidad Menéndez Pelayo, el presidente de AIReF, José Luis Escrivá, afirmó que el envejecimiento de la población española podría aumentar entre 2 y 2,5 puntos del PIB el gasto público en los próximos años, si bien admitió que esta estimación cuenta con una “incertidumbre demasiado grande”.