bilbao - Un grupo de marinos vascos ha iniciado una cruzada contra la “estafa” que a su juicio lleva años sufriendo el colectivo en el cálculo de la edad de jubilación. Los trabajadores del mar tienen, en función de los tipos de buque y las tareas que hayan realizado, un coeficiente reductor que les permite retirarse anticipadamente. Pues bien, el vizcaíno Arturo Salas detectó que el cálculo que hizo la Seguridad Social no se correspondía con el que arrojaba la libreta marítima -el documento oficial en el que se apunta dónde y cuándo embarca y desembarca un marino- lo que le supuso trabajar más de dos años por encima de lo que le tocaba. Hasta ahora los jueces españoles no han considerado su reclamación pero asegura, y cuenta con apoyo de las asociaciones del sector, que llevará su caso ante los tribunales europeos para destapar esta “trama organizada por Fátima Báñez” para reducir el gasto en pensiones.

Salas afirma que la Seguridad Social se está ahorrando “muchos millones” prolongando de manera irregular la edad de jubilación de los marinos mercantes. En Euskadi cotizan en el Régimen Especial del Mar 3.300 trabajadores, la mayoría vizcaínos, y un total de 60.000 en todo el Estado. Aunque no todos son marinos, todos ellos pueden estar afectados por las diferencias en el cálculo del coeficiente reductor, advierte Salas. En realidad el alcance del problema es mayor, puesto que también están perjudicados muchos marinos ya retirados.

“Es difícil cuantificar el número de afectados ni cuánto pueden haber trabajado de más. Cada caso es distinto y no todos hemos hecho los cálculos. Hay un afectado, por ejemplo, que ha trabajado seis años de más”, expone Javier Ceanuri, secretario de la Asociación Profesional de Maquinistas Navales del País Vasco.

interinos sin vacaciones ¿Cómo puede ser que los registros de la Seguridad Social y los de las libretas marítimas arrojen cálculos distintos en las cotizaciones? El caso más habitual, explica el secretario de la asociación, es el del interino al que la empresa no le cotizó por los periodos vacacionales. También denuncian vacíos de cotización ocasionados por navieras en difícil situación económica que, sobre todo en los años ochenta y noventa, evitaban pagar a la Seguridad Social “sin que se haya perseguido ese fraude”. Esto es lo que le ocurrió a Salas, que asegura que pasó más de 120 días trabajando en un buque, el Aurora, de los que no se le ha tenido en cuenta ninguno.

En última instancia, lo que está en cuestión es qué prevalece a la hora de calcular el coeficiente reductor en la edad de jubilación, la libreta marítima o los propios archivos del Instituto Social de la Marina (ISM), dependiente de la Seguridad Social. Los afectados recuerdan que la libreta marítima es un documento oficial y reconocido a nivel internacional -tiene el aval del tratado de Manila de 2010-. Como indica su nombre técnico, el Documento de Identidad del Marino (DIM) es un pasaporte que recoge la identidad del trabajador y en qué barco y cuándo embarca, así como la tarea desempeñada.

Salas, Ceanuri y el resto de compañeros de la asociación remarcan que se trata del documento que, según la ley, se debe tener en cuenta a la hora de calcular los periodos cotizados y los coeficientes reductores. Pero hasta ahora los jueces se inclinan por quitar la razón a Salas. Primero fue el juez de Primera Instancia y luego el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria -cuando inició el proceso residía en esa comunidad-. Ambos “dejaron en papel mojado la libreta marítima”, lamenta Salas, y consideraron que los cálculos de la Seguridad Social eran correctos.

Los reveses judiciales no han hecho sino espolear al marino vasco, que ha tocado sin éxito la puerta del Constitucional y asegura que está preparando argumentos para que vean su caso tanto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Cree que en instancias internacionales podrá esquivar a “la mafia de Báñez” y lograr los derechos que no le reconocen los jueces españoles. Tan seguro está de que su interpretación es correcta que ha activado la vía penal contra algunos responsables de la Seguridad Social en Cantabria.

Además, Salas ha logrado que su causa llegue al Senado. A través de Anviped ha implicado al PSOE, que ha pedido a Báñez que aclare públicamente la cuestión y devuelva la validez a la libreta marítima.