BILBAO - El Gobierno Vasco y las diputaciones forales se comprometieron ayer a iniciar el 31 de mayo la negociación interinstitucional para la reforma de la Ley de Aportaciones, la norma que fija el reparto del dinero que recibe el Ejecutivo para la financiación de sus Presupuestos. Tras certificar los buenos datos de recaudación del año pasado y constatar que la economía se ha recuperado “a todos los niveles”, las administraciones vascas fueron capaces de poner una fecha para concluir la fase de “estudio del marco competencial” y de cara a concretar las posiciones. Empezará entonces el diálogo para la elaboración de un planteamiento conjunto, que posteriormente tendrá que ser negociado entre los partidos para su aprobación en el Parlamento Vasco.
La buena marcha de la economía y la ausencia de tensiones financieras en el entramado institucional vasco ha allanado el camino para abordar una cuestión espinosa que debería haberse renovado en 2011. El acuerdo alcanzado el año pasado con el Estado en torno al Cupo también ha facilitado el engrase de la maquinaria de la nueva Ley de Aportaciones. Ahora, con una perspectiva de ingresos muy favorable en casa y teniendo amarrada la aportación de Euskadi al Estado hasta 2021, se retoma la negociación y, además, se marcan unos plazos más o menos ajustados, porque el objetivo es aprobar la norma este mismo año para que entre en vigor en 2019.
El compromiso para encarar la renovación de una de las piezas claves del autogobierno vasco fue la nota más destacada del Consejo de Finanzas celebrado ayer en Gasteiz. El récord de recaudación del año pasado, en el que, junto a la recuperación de la economía, tuvo un gran protagonismo el acuerdo sobre el Cupo, ha proporcionado más recursos a las administraciones vascas. Sin embargo, ese dinero extra ya ha sido invertido en gastos adelantados el año pasado y la mayor parte se ha destinado a amortizar deuda, de modo que las cajas donde las administraciones vascas habían guardado sus excedentes ya están vacías.
El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, fue el encargado de anunciar el acuerdo para renovar la norma antes de diciembre. No es la primera vez que se le pone fecha a la nueva Ley de Aportaciones, pero en esta ocasión las administraciones pueden centrarse en esa cuestión sin tener que lidiar con las estrecheces de la recaudación de ejercicios anteriores. En ese contexto, el camino está algo más despejado aun siendo un tema complejo, porque lo que hay que decidir es dónde se pone y dónde se quita para que las aportaciones al Gobierno de cada diputación sigan sumando 100.
El propio Azpiazu se refirió a la complejidad de ese escenario. Según reconoció, el retraso que acumula la norma responde a la necesidad de diseñar “una buena ley”. Actuar “con rapidez” conllevaba el riesgo de que el resultado fuera “insatisfactorio” y se ha optado por dar un rodeo.
Tras varios aplazamientos, el Gobierno y las diputaciones trataron de lanzar ayer un mensaje unitario, dando a entender que ya no hay marcha atrás y que el reparto de la financiación de Euskadi cambiará los próximos meses.
concesiones Sobre el papel Gipuzkoa y Araba saldrán del proceso con una reducción de su aportación a Lakua y Bizkaia asumirá más carga. A partir de ahí se definirá un nuevo equilibrio en el que todas las partes tendrá que realizar concesiones. Una vez definido ese esquema se dará luz verde a la otra negociación, la de los partidos. En ese ámbito será previsiblemente clave el papel del PP, que en Araba mantiene un discurso muy agresivo en esta materia e intentará que se visualice que esa Diputación sale favorecida.
Con todo, el nudo estará en el campo de las administraciones y, si se supera ese escollo, se habrá dado un paso de gigante para cerrar un frente que lleva demasiado tiempo abierto. Hasta ahora, la supuesta sobredimensión de las aportaciones de Gipuzkoa y Araba al presupuesto del Gobierno se ha compensado con el Fondo General de Ajuste. Y el Consejo de Finanzas fijó precisamente ayer el reparto de esa caja común que se reparten esos dos territorios. La Diputación alavesa recibirá este año 59 millones y la guipuzcona, casi 54. Las aportaciones a Lakua de cada entidad foral fueron muy similares.
Por lo demás, las administraciones vascas estamparon su firma en el buen año fiscal de 2017, cuando se recaudaron casi 14.500 millones de euros, un 12% más. Sin el acuerdo del Cupo, que inyectó 600 millones extra, el crecimiento habría sido del 5%. El Gobierno Vasco recibirá 729 millones más de lo previsto, pero son las cantidades con las que se ha amortizado deuda y se ha adelantado el gasto para diversas actuaciones. Las diputaciones también dispondrán de más recursos, pero recordaron que la regla de gasto también les obliga a reducir su nivel de endeudamiento. Matizaron a su vez que esa actuación les permitirá tener unas arcas más saneadas en el futuro.
