madrid - El discurso de Mariano Rajoy el pasado jueves animando a los ciudadanos a ahorrar para complementar las pensiones públicas y pagar una educación privada a sus hijos cosecharon ayer las críticas de los sindicatos y los partidos de la oposición. Además, el consejo de ministros aprobó el cambio de normativa que permitirá a los titulares de fondos de previsión social (EPSV) rescatar el dinero a los 10 años, sin esperar a que llegue la edad de jubilación.
Es una posibilidad que el Gobierno vasco ya aprobó a finales de 2015, pero que en el caso del Ejecutivo español coincide con el debate en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones y, sobre todo, con el mensaje de Rajoy, que parece haber tirado la toalla y que deja entrever que, a su juicio, la única vía para disponer de unos ingresos dignos tras el retiro es el ahorro privado.
En esa línea, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, denunció que el Gobierno quiera impulsar el ahorro para la Educación y las pensiones “privatizando derechos” que son fundamentales y están recogidos en la Constitución y lamentó que “este sea el mantra constante del PP”.
Calvo también se refirió al nuevo mecanismo de rescate de los fondos de pensiones privadas, que considera que forma parte de la “nefasta” estrategia “de provocar inseguridad a la gente sobre sus jubilaciones y de echar leña al fuego constantemente”.
cambio normativo Desde el mundo sindical, CCOO y UGT aseguraron que la posibilidad de rescatar la pensión privada antes de tiempo “desvirtúa” el objetivo de estos ahorros y criticaron que el Gobierno popular favorezca los planes privados en vez de solucionar los problemas del sistema público de pensiones.
En un comunicado, CCOO afirmó que no era necesaria esta modificación puesto que ya había supuestos excepcionales de liquidez para situaciones de necesidad por desempleo de larga duración y enfermedad grave. Advirtieron además de que esta medida “parece” promover el ahorro privado como alternativa a las pensiones públicas y recordaron que la prioridad debe ser garantizar el sistema público de pensiones “reforzando su estructura de ingresos vía cotizaciones y aportaciones adicionales”.
En la misma línea se pronunció UGT, que denunció que se beneficie los planes privados mientras “castiga” las pensiones públicas, que a su juicio deberían ser la “prioridad” del Ejecutivo. Del mismo modo indicaron que la “precariedad laboral y los salarios de miseria” que “imperan en España” imposibilita que la mayoría de los trabajadores pueda acceder a sistemas privados de pensiones.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afearon que esta medida sólo beneficie a las “personas con mayores rentas”, que son las que recurren a este tipo de inversiones. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) criticó que el reglamento “ahonda en los problemas” que ya tienen los fondos de pensiones. - DNA