BILBAO - Los sindicatos vascos, entre ellos UGT, y todos los grupos políticos salvo el PP, han criticado la resolución judicial del Tribunal Supremo (TS) que inhabilita un acuerdo de negociación colectiva en el sector público vasco en relación a la jornada laboral de 35 horas semanales. Los partidos políticos vascos consideran que la decisión judicial supone en la práctica recortar el autogobierno vasco, enmarcado en el proceso de recentralización emprendido por el Gobierno español del PP.

El sindicato UGT solicitó expresamente al Gobierno Vasco que deje en suspenso la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el decreto vasco que establecía la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la CAV, y decreta que la jornada semanal se mantenga en 37 horas y media.

Además, la referida organización sindical afirmó que exigirá al ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, una rectificación por parte de la Administración española, que “acosa” a los trabajadores de las administraciones públicas.

Todos los grupos parlamentarios, menos el PP, mostraron ayer su desacuerdo con la decisión del TS de avalar la anulación del decreto autonómico que establece la jornada de 35 horas semanales para los 70.000 funcionarios vascos. La representante del PNV, Estibaliz Larrauri, fue la más expresiva al señalar que la decisión es un ejemplo más de la “estrategia recentralizadora” del Estado español. Además, recordó, la decisión judicial cuestiona un acuerdo fruto de la libre disposición de las partes en la negociación colectiva.

Para más inri, la representante nacionalista indicó que la resolución del TS llega en un momento en el que el propio Gobierno español está dispuesto a admitir esta jornada laboral entre sus funcionarios.

La portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte criticó la “constante” actitud “cercenadora” del Estatuto de Gernika que mantiene el Estado. “Es terrible”, ya no se va a poder decidir “ni cuántas horas van a trabajar los funcionarios, todo lo decide España”, resaltó.

Jon Hernández, de Elkarrekin Podemos, también coincidió en señalar que responde a una actitud “recentralizadora” del Estado y afirmó que el “responsable” en última instancia es el PP, al que exigió la retirada de la disposición de 2012 que limitó la capacidad de las autonomías en la materia.

Por su parte, el representante del PSE tras reconocer que la sentencia judicial hay que acatarla abrió la puerta a que el Gobierno Vasco y los sindicatos encuentren una fórmula para mejorar lo público a través de la negociación colectiva. Además, la representación socialista señaló que no es entendible que se pongan en cuestión los acuerdos alcanzados en una mesa, y que mejorar las condiciones laborales con un pacto es la “mejor garantía”para la prestación de servicios de calidad. - DNA/Europa Press