MADRID - El debate sobre como financiar las pensiones públicas tras conocerse que en 2018 tampoco se cubrirá con los ingresos de los cotizantes los gastos para abonar a los pensionistas los más de 8.800 millones de euros mensuales de la nómina dio ayer una nueva vuelta de tuerca al proponer el PSOE la creación de dos nuevos impuestos para ayudar a costear el gasto en pensiones, uno que gravaría las transacciones financieras y otro que se aplicaría a la banca que, tras ser rescatada con dinero público durante la pasada crisis económica, ahora debe contribuir a sostener el sistema público de pensiones español. Iniciativa rechazada tanto por el Gobierno del PP como por Ciudadanos.

La propuesta de nuevos impuestos la anunció ayer el secretario general del partido socialista, Pedro Sánchez, en un desayuno organizado por Nueva Economía. El líder socialista, en un intento de retomar la iniciativa política tras la crisis catalana, mostró la tesis del PSOE en relación a la financiación de la Seguridad Social y afirmó que considera “justo” que la banca ayude a financiar las pensiones después de que el sector financiero español fuera rescatado con más de 60.000 millones de euros de dinero público durante la crisis y recuerda que países como Francia y Reino Unido han aprobado iniciativas similares.

El secretario general del PSOE señaló, según Europa Press, que con la creación de este impuesto extraordinario a la banca se podrían recaudar entre 800 a 1.000 millones de euros anuales. Junto a los ingresos por la tasa a las transacciones financieras, el PSOE estima en 2.745 millones de euros anuales lo que se podría recaudar con estos dos nuevos gravámenes. Cifra que no arregla, ni de lejos, el problema del déficit que alcanza los 15.000 millones anuales.

Apenas hecha pública su propuesta tanto desde el Gobierno del PP como desde el grupo político de moda, Ciudadanos, se apresuraron a desmarcarse de la iniciativa. El secretario de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Alberto Nadal, tras rechazar las medidas socialistas, defendió la tesis gubernamental de que “lo que sostiene a las pensiones” son “las aportaciones de empresarios y trabajadores” a la Seguridad Social. “Lo que sostiene realmente a las pensiones no es la creación de impuestos que destruyen empleo y reducen el crecimiento sino las aportaciones de empresarios y trabajadores al sistema de Seguridad Social, porque quien no estaba trabajando, ahora está trabajando” afirmó desde Bruselas.

Según Nadal, “las pensiones se sostienen con creación de más empleo, lo que sostiene el pago de las pensiones es 20 millones de españoles trabajando, y mejor más y esto es el objetivo fundamental de la política económica del Gobierno del PP”, reiteró el dirigente popular sin explicar cómo es posible que recuperando el nivel del PIB de antes de la crisis de 2007 y generando más de 600.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social en 2017, el sistema sigue con un déficit de más de 15.000 millones de euros lo que obligará al Ejecutivo a articular un nuevo préstamo este año por dicho importe para hacer frente a las pagas extras de los cerca de 9 millones de pensionistas.

Ciudadanos, por boca de su secretario general, José Manuel Villegas, también rechazó la propuesta socialista de crear dos nuevos impuestos para ayudar a costear el gasto en pensiones. El problema es que la organización de Albert Rivera hace poco más de un año defendía la tesis contraria. Como se recordará en el pacto que Ciudadanos suscribió con el PSOE en 2016 con motivo de la investidura fallida de Pedro Sánchez se proponía financiar las pensiones con ingresos procedentes de la recaudación de impuestos aunque es verdad que no hablaba de crear nuevas tasas.

Ayer Villegas criticó que la postura del PSOE de subir o crear impuestos, para afrontar los problemas del país obviando que en el citado pacto de investidura que el grupo naranja alcanzó con los socialistas en 2016 incluía el compromiso de “impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la articulación del modelo de financiación del sistema con ingresos procedentes del sistema tributario”, es decir, financiar las pensiones también por la vía de los impuestos, y no sólo con las cotizaciones a la Seguridad Social. Cotizaciones que no alcanzan el nivel previsto por el mantenimiento de altas tasas de desempleo, la alta precariedad y el bajo nivel salarial (y por tanto de cotización) de muchos de los empleos generados.

Ese pacto también alertaba de que la recaudación fiscal en España, del 38,4% del PIB en 2017, según estimaciones de la OCDE, es una de las más bajas de la Unión Europea, además de advertir de que el sostenimiento del estado del bienestar recae en buena medida sobre las rentas del trabajo, fundamentalmente las medias y bajas.