WASHINGTON. La investigación, que ha recibido el nombre de "papeles del paraíso" y que ha sido llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), fue realizada por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que analizaron más de 13 millones de documentos de "territorios opacos".

De acuerdo con esta pesquisa, numerosas empresas estadounidenses habrían desarrollado complejas estrategias fiscales con el objetivo de evitar, o al menos minimizar, el pago de impuestos mediante la ubicación de sus domicilios fiscales o la apertura de subsidiarias en países con políticas impositivas favorables.

Según datos aportados por el Consorcio, tres pequeños países como Holanda, Irlanda y Bermudas acaparan el 35 % de los beneficios declarados por las empresas estadounidenses en el extranjero, entre las que se encuentran algunas de las compañías punteras de EEUU.

Uno de los casos más llamativos es el del gigante tecnológico Apple que, tras ver cómo en mayo de 2013 tenía que justificar ante el Senado de Estados Unidos el haber evitado el pago de miles de millones de dólares en impuestos al tributar a través de empresas subsidiarias en Irlanda, desarrolló una nueva estrategia para poder trasladar esa misma filosofía a otro lugar.

Los documentos obtenidos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, un bufete especializado en desarrollar estructuras impositivas en paraísos fiscales, muestran que Apple acabó estableciendo el domicilio fiscal de sus operaciones extranjeras en la isla de Jersey. Esta decisión se adoptó después de que representantes tanto de la compañía de la manzana como de la firma de abogados intercambiaran numerosos correos electrónicos en los que analizaban las mejores opciones.

El responsable de la cuenta de Apple en el despacho legal, Baker MCKenzie, escribió en marzo de 2014 una serie de preguntas a los directivos de la empresa tecnológica para así poder evaluar la conveniencia de abrir oficinas en territorios "offshore" (con ventajas fiscales) como las Islas Caimán, las Bermudas, la Isla de Man o Jersey, según la investigación periodística.

Finalmente, tras dejar de tributar en Irlanda a través de subsidiarias, Apple logró su objetivo de lograr acogerse a una política impositiva extremadamente favorable en Jersey para sus cerca de 252.000 millones de dólares de beneficios obtenidos en el extranjero. Otra de las grandes marcas que contrató los servicios legales de la firma Appleby fue Nike, una de las compañías más importantes en el sector del calzado e indumentaria deportivos a nivel mundial.

En este caso, la clave de la estrategia pasa por un Estado miembro de la Unión Europea: Holanda.

En 2006, la empresa estadounidense llegó a un acuerdo de diez años con las autoridades holandesas que permitía a Nike desviar los miles de millones de dólares ganados en el Viejo Continente al paraíso fiscal de las Bermudas.

Gracias a este favorable trato, la multinacional pasó de pagar un 55 % por sus ingresos netos fuera de Estados Unidos, a tributar solo un 13,2 %, apenas tres años después. La clave estuvo en la nueva subsidiaria de Nike, con sede en las Bermudas, Nike International Ltd., que pasó a tener la propiedad tanto del emblemático logotipo como de algunos de sus principales modelos registrados.

De esta manera, la subsidiaria de Bermudas podía reclamar a la sede de Nike Europa, ubicada en la ciudad holandesa de Hilversum, el pago de casi la totalidad de sus beneficios en concepto de cesión de derechos de imagen.

Una técnica similar fue la adoptada por Uber, en 2013, al crear una sociedad comanditaria, que según la legislación holandesa es una conglomerado de empresas extranjeras que a efectos fiscales se convierte en una compañía sin, por así decirlo, patria.

Holanda considera que este tipo de sociedades deben tributar en cada uno de los países de las empresas que las conforman, lo que produce lo que se conoce como "un desajuste híbrido" que fue utilizado por la empresa de transporte privado para gestionar desde una subsidiaria de las Bermudas su propiedad intelectual.

La investigación del ICIJ saca a la luz documentos procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se trata de Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, las Bermudas, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.