Tenéis el deber de regir a los pueblos con tu imperio; Éstas serán tus artes: a la paz imponer normas;Perdonar a los vencidos y debelar a los soberbios”.
(Eneida, 851-853)
Fue entonces cuando el pretor economicus (Montoro), siguiendo las órdenes del cónsul (Rajoy) y la recomendación escrita por Virgilio, anunció que enviará al Congreso de los Diputados los proyectos de Ley del Cupo para el quinquenio 2017-2021 y de la modificación del Concierto Económico, como si se tratara de un ejercicio de buena voluntad hacia los vascos al existir un diálogo “leal y sincero” con el Gobierno de Iñigo Urkullu, dentro del ordenamiento jurídico, “en concreto dentro de la Constitución”, mientras prosigue el plan de debelar (sinónimo de aniquilar, sojuzgar, someter, vapulear o aplastar) a los soberbios, es decir, a los habitantes, que no ciudadanos, de la aldea nororiental de Hispania.
En parecidos términos se hubiera expresado hace veinte siglos el historiador Tito Livio, un republicano al servicio del emperador Augusto, si tuviera que redactar la crónica que corresponde a los acontecimientos de esta última semana, tal y como lo hacen algunos medios de comunicación o partidos políticos progresistas que, como la reconversión del citado historiador, son hoy el ariete mediático del principio de legalidad, como objetivo para imponer la paz por encima del principio democrático.
Lo cierto es que, pese a que ya no estamos en la Roma imperial, el comportamiento de algunos gobernantes es más propio de quien quiere imponer su potestas en detrimento de la auctoritas. Es decir, ejercen el poder y basan su legitimidad en facultades coercitivas (imponer castigos) o bien en otorgar prebendas y privilegios. Nada que ver con la legitimación social procedente del conocimiento y el liderazgo moral para emitir opiniones. Claro que, en las líneas inmediatamente anteriores a las citadas al inicio de este artículo, Virgilio señalaba:
Labrarán otros con más gracia bronces animados (no lo dudo), sacarán rostros vivos del mármol, dirán mejor sus discursos, y los caminos del cielo trazarán con su compás y describirán el orto de los astros:
Pero, no nos engañemos. Si el Gobierno de Rajoy llevará al Congreso los citados proyectos de ley no es por buena voluntad, ni porque crea en ellos, sino por pura y simple necesidad. En cualquier caso, la decisión del pasado viernes no es sino cumplir con los acuerdos firmados el pasado mes de julio. El simple hecho de querer mostrar una imagen de buena voluntad es insultar a la inteligencia de la sociedad vasca que se ha visto ninguneada cuando Rajoy contaba con mayoría absoluta en el Congreso y ahora, cuando no la tiene, alcanza pactos para, posteriormente regatearlos con demoras.
Posiblemente no sea menester decirlo, porque está en la mente de todos, pero si el Gobierno de Rajoy hubiera mantenido la mayoría absoluta o su alianza con Ciudadanos diera los números para ejercerla en el Congreso, esos acuerdos sobre el Concierto y el Cupo aún estarían sobre la mesa de negociación, cuando no recortados sensiblemente. Por tanto, uno tiene la impresión de estar más ante un truco del cónsul y su pretor que ante una decisión que se estima justa y legítima, como así es.
La diferencia entre aquella época y la presente reside en que hay más voces. La auctoritas era una forma de legitimación social que procedía del saber, de la valía, una capacidad moral para emitir opiniones cualificadas que eran valoradas por la comunidad. Aunque carecía de valor vinculante legalmente, su fuerza moral era innegable.