Ya sabemos que el pasado 1 de octubre la convocatoria de la Generalitat a decidir vía referéndum en torno a la voluntad de los catalanes a transitar hacia una república independiente en Europa, recibió el apoyo mayoritario de quienes acudieron a votar superando todo tipo de miedos, mensajes apocalípticos y la fuerza arrasadora de los aparatos del Estado unitario. Sabemos, también, de las atrocidades que le han seguido desde un Estado que pregona su compromiso con la ley, siempre que su decisión e interpretación unilateral sea gestionada por su establishment y el estatus quo extienda su inercia conformista con un modelo de relación inamovible. Sabemos también que el Parlamento catalán ha asumido la independencia como consecuencia de la decisión mayoritaria en el tormentoso referéndum y que ha ralentizado -en una difícil invitación a la mediación internacional y al pacto- su materialización o desconexión negociada (sobre todo con los poderes del Estado español y, por supuesto, con la Unión Europea de la que, en principio, desea seguir formando parte). Y sabemos, finalmente, que guste o no, el modelo de la transición exige una radical transformación del llamado “Estado autonómico”. Catalunya, Euskadi, España, Europa, estamos en juego y es momento, inaplazable, de recomponer un modelo nuevo, desde la confortabilidad de todos. Proceso que será coincidente, en el tiempo, con la inevitable reforma o iniciativa para repensar Europa y no solamente como consecuencia del Brexit, sino de las propias ineficiencias, insatisfacciones y nuevos desafíos y deseos europeos, en un contexto mundial complejo y lleno de tendencias novedosas.

Conocemos, de igual forma, tanto la respuesta del Gobierno español, su mayoría unionista en España -claramente minoritaria con tendencia a lo marginal en Catalunya y Euskadi- reclamando la existencia perenne de un Estado unitario y único en función de la herencia que entienden inamovible, apoyada por una orquestada sintonía mediática. Se refleja, por ejemplo, en el titular de un importante medio económico editado en Madrid: “Chantaje Inaceptable”, que desplegaba intensa cobertura a su serie “desafío secesionista”, inspirada en la “oleada de empresas que huyen de Catalunya” y en que “el dinero y todos los comportamientos de carácter económico son decisiones racionales y si las empresas desean seguir en los mercados internacionales han de cambiar de sede”. Sin duda, la peor semana para hacer esa afirmación (como veremos más adelante) al coincidir con la concesión del Premio Nobel de Economía al profesor Richard H. Thaler.

Sin duda alguna, economía y política resultan inseparables y su interdependencia es y será de enorme relevancia en lo que el futuro depare en el procés y su curso. En esta línea, un penúltimo episodio en la batalla articulada por el Gobierno Rajoy en su objetivo de impedir un referéndum en Catalunya y el posicionamiento de su parlamento tras los resultados esperables, ha sido el golpe “facilitador del cambio de Sedes Empresariales” a través del Boletín Oficial del Estado, previa generación del contexto adecuado que lo justificara.

Los ya viejos y conocidos juegos de la inteligencia de Estado, amplificados por una amplia batería de medios de comunicación y de “informes cualificados”, además de portavoces empresariales, campañas de descalificación y boicot del mercado y temores infundados engañando a la población, dieron sus frutos en una medida distorsionadora de la realidad económico-empresarial y generadora del efecto temor, mediático, necesario para provocar una generalizada sensación de descalabro.

De la misma manera que los ya hoy nada sospechosos (sino plenamente descalificados) “informes objetivos y rigurosos” que sirvieron para mentir sobre el “coste de la no España” contra el proceso para el Nuevo Estatuto Vasco con el lehendakari Ibarretxe, o la “pobreza galopante” que aquejaría a Escocia fuera del Reino Unido o la insignificancia y crisis económico-financiera del Reino Unido (UK) tras el Brexit, la “inviabilidad de una Catalunya independiente” estaba servida. Desgraciadamente, para quienes generaban estos mensajes, Catalunya continuaba ofreciendo resultados que reflejaban una productividad que triplicaba la de la economía española, la continuaba superando en crecimiento del PIB, en tasas de ahorro, en captación de inversión extranjera, en posicionamiento innovador, emprendedor y de internacionalización. Y, evidentemente, con estos credenciales y el 21% del PIB del Estado español, si Catalunya sería inviable, ¿qué decir de la España reducida sin Catalunya?

La confusa (interesada) mezcla de argumentos considerando, a la vez, a Catalunya como parte o no de la España analizada, trasladaba a la opinión pública mensajes preocupantes: “El día 10 quedarán fuera de Europa, en el limbo, no estarán en el espacio Euro, no tendrán acceso a las líneas internacionales de financiación, tendrán que pagar una deuda del 110% de su PIB, no podrán pagar pensiones, ni pagar los salarios de los funcionarios? los bancos con sede en Catalunya no tendrán acceso ni al Fondo de Solvencia, ni a la normativa, inspección y cobijo, ni del Banco de España, ni del Banco Central Europeo? Adicionalmente, España boicotearía, como mercado, los productos catalanes que, además, serían encarecidos por nuevos aranceles, elevados tipos impositivos y complejos trámites aduaneros? Obviamente, por el contrario, España y su economía no se verían afectados”.

Bastaba con provocar la estampida.

Así, tras la intervención (truculenta, ilegal y unilateral) del ministro de Hacienda (reprobado por el Congreso) de todas las cuentas de la Generalitat (no se sabe si ha congelado un solo euro a otra comunidad autónoma, administración local, de Justicia o de su propia administración central del Estado, inmersas en incumplimientos, actos ilegales o corrupción), de las presiones desde vicepresidencia con el arma del CNI a diferentes empresas prestadoras de servicios... era el turno del ministro de Economía. De Guindos, que todavía en 2015 proponía un real decreto justificando la importancia en dejar en manos de la propiedad y las juntas generales de accionistas la aprobación de “algo tan sensible y vinculado al espíritu de las empresas y su vinculación real a sus centros de administración”, como la sede de su domicilio social y fiscal, se apresuraba a facilitar el cambio express de los domicilios sociales con la decisión de los administradores. Una medida que se justificaba, “en respuesta a la petición de algunos representantes empresariales”. Lo anunciaba con anterioridad a su presentación al Consejo de Ministros y con el supuesto apoyo verbal de PSOE y Ciudadanos para su convalidación en el Congreso.

De esta forma, productores y vendedores de cava (denominación catalana de origen) dicen evitar el boicot español como si el código postal a conseguir en España pudiera ocultar su origen, ideología, propiedad y centros de decisión anclados en Catalunya. La banca catalana cotizada, con centros de administración y activos (abandona Catalunya para asentarse en Alicante o Valencia; la todopoderosa Caixa moviliza a todo su grupo empresarial y hace público que no desplazará a un solo trabajador o directivo y, por supuesto, algunas empresas bajo sospecha por sus recientes fluctuaciones irregulares en Bolsa se apresuran a buscar el cobijo de Madrid (al parecer aquí no hay ayudas de Estado, ni haciendas autonómicas cuál paraíso fiscal) para dar tranquilidad a sus inversores. Así, la España de la deuda superior a su PIB, del desempleo de 4 millones de personas, la que no podrá recuperar su rescate bancario, la del Gobierno que ve derrotadas sus iniciativas en el Congreso pero no se inmuta, la que dice no tener capacidad para afrontar el pago de sus pensiones, la que se quedaría sin “su 21% del PIB catalán”, la reprendida por el FMI destacando sus debilidades y a la que pide negociar en “beneficio mutuo, evitando el peligroso contagio, también, a Europa”, ofrece plenas garantías y tranquilidad a los inversores internacionales y, por supuesto, a los ahorradores españoles. Todo un relato amañado que obliga a toda empresa a activar planes de contingencia en respuesta a sus mapas de riesgos y que ve en las medidas facilitadoras del Gobierno español una red de seguridad momentánea.

Recordemos que la fijación del domicilio social de las empresas no debe ser un capricho aleatorio y que la Ley de Sociedades de Capital lo define como “el lugar en que se halla el centro de su efectiva Administración y Dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. Esto no ha debido impactar demasiado, no ya a las empresas, sino al Gobierno. Es verdad que, para todas las empresas afectadas por el Régimen Común español, la trascendencia fiscal (más allá de la retención anticipada del IRPF) no será relevante en el corto plazo salvo el inevitable cambio en el modelo de gestión (a distancia o traslados efectivos de personas críticas), sistemas y operaciones específicas, sobrecostes de la alta dirección, coste adicional en marketing justificativo de su “nuevo arraigo” artificial.

Lo que sí es claro es que la actuación del Gobierno es irresponsable y generadora de una batalla, hoy por el dominio social, la identidad empresarial, mañana por el domicilio fiscal con mayor impacto y pasado mañana por la economía real de los diferentes territorios así como de la competitividad individual de las empresas actuantes.

Pero este movimiento coincide en la semana de la concesión del Nobel de economía al profesor de la Universidad de Chicago Richard H. Thaler, quien a lo largo de su trabajo y publicaciones (en especial Misbehaving, centrado en las limitaciones reales del individuo medio en la toma de decisiones, y en Nudge, sobre el “pequeño empujón” necesario para mejorar nuestras decisiones acerca de la salud, el bienestar y la felicidad) ha cuestionado las escuelas de la economía tradicional promercado y explicado cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan a las decisiones individuales y a las tendencias esperables de los mercados.

La Academia Sueca le premia por su contribución decisiva a “construir un puente entre los análisis psicológicos y económicos de los procesos de decisión individuales”. Y con él, esperamos que la Psicología de la Economía, la Economía Conductual y el comportamiento impredecible de las personas no trastoquen los planes y esquemas o escenarios de comportamiento de quienes han creído ver en el mercado la necesidad de un cambio rápido, al amparo de un gobierno desesperado por mantenerse en la inercia del estatus quo para garantizar su pensamiento único. Volviendo a Thaler, recordemos que estamos rodeados de “arquitectos de opciones”, que son quienes organizan el contexto en el que la gente toma decisiones. Las más de las veces, lejos de orientarlas al bien común y al interés legítimo, manipulan la información, moldean escenarios y contextos ficticios y se instalan en ellos confiando en que, para una mayoría, por comodidad, inacción o voluntad real, la mejor opción es no hacer nada.

Una grave decisión. Hoy, lo relevante es el último episodio del procés y las consecuencias inmediatas en la gestión de la independencia suspendida. Pero mañana, en uno u otro escenario, recordaremos estos pequeños movimientos facilitadores del traslado exprés. El tiempo, los nuevos contextos, la psicología y comportamiento conductual de quienes han tomado estas decisiones nos permitirán medir las consecuencias (en este caso, para Catalunya, para España y para las empresas desdomiciliadas). Parafraseando a Thaler en su Nudge, merecedor del reconocimiento internacional, “un empujón irresponsable a la empresa”.