gasteiz - El Ejecutivo vasco y las diputaciones forales de la CAV acordaron ayer el compromiso de aprobar en 2018 una propuesta para una nueva Ley de Aportaciones, la norma que regula el reparto de los recursos económicos entre las instituciones vascas. Este fue uno de los acuerdos alcanzados en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de ayer, en el que hubo otros puntos de encuentro como el relativo al ajuste de los impuestos del sector eléctrico.

La ley actual de aportaciones lleva prorrogada desde 2012, y aunque las instituciones se comprometieron inicialmente a acordar su reforma para noviembre del año pasado, aún no se ha producido el acuerdo. El consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, mostró su deseo de que el pacto se produzca “cuanto antes” y de que la nueva ley garantice la “suficiencia financiera” y permita que todos los territorios estén “a gusto”. Hay que recordar en este sentido que la diputación alavesa lleva tiempo la actualización de la ley.

En relación a esta nueva ley, las instituciones vascas indicaron ayer al término del CVF que, tras los acuerdos con el Estado español este verano en materia financiera, que afectaban también a la distribución de recursos entre administraciones vascas, Gobierno y diputaciones se han comprometido a actualizar la Ley de Aportaciones incorporando los resultados de las liquidaciones del cupo fruto de los acuerdos con el Gobierno español.

bajar impuestos Tras conocerse los resultados previstos de recaudación, el portavoz de Economía del PP en el Parlamento Vasco, Antón Damborenea, reclamó ayer que se aproveche el aumento de la recaudación logrado en este ejercicio para bajar los impuestos a familias y empresas.

EH Bildu criticó por su parte que las administraciones vascas se reunieran ayer sin un acuerdo sobre la reforma fiscal, lo que demuestra a su juicio la “nefasta gestión” del PNV y PSE en esta materia al no haber querido dialogar para lograrlo. La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo consideró que “la situación es grave” y que la reunión de ayer por la tarde “está de facto anulada” ya que no se han consensuado los cambios fiscales. - DNA