Bilbao - La coordinadora de ONG de cooperación al desarrollo de Euskadi demanda al Gobierno Vasco que tengan en cuenta criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos a la hora de conceder ayudas públicas a la internacionalización de las empresas, ya que “la marca Basque Country es prácticamente ajena a los citados criterios”. Asimismo piden “la creación de un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos que analice, rinda cuentas y evalúe la política de internacionalización empresarial vasca y dé seguimiento a la actividad de las empresas vascas”.

En un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta de la coordinadora, Sofía Marroquí, subrayó que esta petición obedece a la constatación de que los criterios que priman en dichas adjudicaciones son exclusivamente técnico-empresariales y su única finalidad es “el fortalecimiento de la inversión empresarial vasca”, según se desprende del estudio en el que se analiza la política de internacionalización empresarial del Ejecutivo.

Dicho estudio, en el que han participado Gorka Martija y Gonzalo Fernández, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, concluye que la finalidad de “maximizar” el beneficio de las empresas vascas entra “en contradicción” con el documento sobre políticas de desarrollo humano y sostenibilidad en la acción exterior del Ejecutivo vasco presentado por el lehendakari Urkullu en 2016.

vulneración de derechos Desde la coordinadora sostienen que en la acción exterior referida a empresas no se tiene en cuenta “ninguna propuesta de bien común” con el país destinatario ni en transferencia tecnológica, ni en derechos laborales, sociales o ecológicos. Asimismo, de la investigación se desprende que los países prioritarios en la internacionalización de las empresas vascas, como pueden ser México y Colombia, se produce vulneraciones de derechos humanos.

Lo único que prima, apuntaron, es la competitividad y la búsqueda de nuevos mercados para las empresas “sin coherencia con los compromisos adquiridos sobre el desarrollo humano y la sostenibilidad”.

Gonzalo Fernández explicó que el trabajo incluye recomendaciones al Ejecutivo de Gasteiz , ya que las políticas públicas “deben dar ejemplo” y así “pueden condicionar a las entidades privadas en su acción”. Una de ellas se centra en incluir criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos en el porcentaje de puntuación para la concesión de las ayudas públicas a la internacionalización de las empresas, de tal forma que pase del “cero por ciento actual al 40%”. - N.L.