BILBAO. El dirigente de la patronal vasca ha asegurado que el acuerdo, incluido en el pacto presupuestario de jeltzales y populares para 2017, pretende "eliminar un desagravio", no conseguir "ninguna ventaja" y ha advertido de la "inseguridad jurídica" que conlleva la decisión de Catalunya.
El acuerdo entre PNV y PP prevé eliminar, a partir del 1 de enero de 2018, de la red de alta tensión denominada 6.1.b y englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2, lo que supondrá un ahorro para las empresas vascas de 100 millones de euros. El cambio afecta a unas 1.250 sociedades del conjunto del Estado, de las que alrededor de 800 se encuentran radicadas en Euskadi.
Confebask ha pedido, durante años, acabar con la "discriminación" que, en su opinión, sufren en costes energéticos las grandes empresas vascas, conectadas por razones históricas a las redes de alta tensión de 30.000 voltios.
En declaraciones a Europa Press, Arechaga ha afirmado que la reforma del peaje eléctrico ha sido siempre "una reivindicación pendiente", con el objetivo de alinearse "con otras empresas del Estado". "La cuestión de fondo es que no estamos tratando de lograr una ventaja, sino de eliminar una desventaja", ha advertido.
El representante de la patronal ha manifestado su sorpresa por que se pueda calificar de "ayuda de Estado" poner "a la par" la tarifa eléctrica. Además, ha mostrado su extrañeza por el hecho de que el recurso se haya registrado meses después de alcanzar el acuerdo entre PNV y PP, que hizo posible la modificación. Según ha recordado, hubo también "un acuerdo previo" en 2014 por el que se recuperó "parte de esa desventaja".
Arechaga considera que la decisión del Defensor del Pueblo de Catalunya es "grave" para "revertir esa situación" porque "genera incertidumbre, inseguridad jurídica, posible retraso en la aplicación". "Nos causa sorpresa, incredulidad y absoluto rechazo, porque lo que hasta ahora hemos pedido es una equiparación, nunca una ventaja", ha insistido.
INFRAESTRUCTURA
Además ha aclarado que el origen del problema no es regulatorio sino de infraestructura de redes porque, históricamente, en Euskadi se funcionaba "con un determinado voltaje", que "de salida generaba una discriminación monetaria, de costes".
"Nosotros no estamos falseando la competencia, sino que se planteaba eliminar una discriminación o una desventaja que llevábamos años sufriendo, nunca conseguir un atajo de reducción de costes", ha argumentado.
En su opinión, Confebask "nunca" ha defendido planteamientos de "pedir para quitar a otros" y se ha limitado a "defender los intereses de las empresas vascas para eliminar un desagravio". "Si no se pudiera materializar el acuerdo, los que tendrían ayudas de Estado serían el resto, porque están pagando menos costes que nosotros", ha señalado.
Aréchaga ha insistido en la "inseguridad jurídica" que genera esta decisión y ha lamentado que, para los empresarios vascos, supone "otra vez empezar con situaciones pasadas" que "no tienen nada que ver". "Es abrir capítulos que ya están cerrados y superados", ha dicho.
