BILBAO - Es el encargado en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de buscar respuestas a las dudas que genera el sostenimiento del actual modelo de jubilaciones. Herce estima por una parte que habrá que repensar el sistema en un futuro próximo y además advierte de que los trabajadores tendrán que buscar fórmulas para completar las pensiones públicas.

El paro es un drama, pero lo es más cuando la brecha de cotización se produce en los últimos años de vida laboral, ¿es una circunstancia muy común?

-Los parados españoles, mientras cobran prestaciones del seguro del paro, están muy bien protegidos por el sistema de pensiones gracias a que el Servicio de Empleo Público del Estado (SEPE) paga las cotizaciones en su nombre. El problema surge cuando dejan de percibir dichas prestaciones y sufren largos periodos de desempleo durante años incluso sin poder cotizar. Muchos parados de larga duración acaban acercándose a su edad de jubilación, pero cualquier periodo de desempleo sin cotizar durante los 20 años previos a la jubilación periodo de cómputo para 2017, que aumentará hasta los 25 años en 2022, penaliza la pensión a recibir.

El informe elaborado para el Instituto BBVA de Pensiones apunta a una caída de la pensión de hasta el 25%, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Se está produciendo esa caída de forma más o menos generalizada?

-En el estudio se analizan casos tipo, no situaciones efectivamente observadas. En los peores supuestos de episodios de desempleo de varios años sin percepción de prestaciones, dentro siempre del mencionado periodo de computo, puede representar una pérdida importante de la pensión a la que se tenga derecho. Digamos que a partir de los 45 años (hablamos de las condiciones de 2017) los episodios de desempleo sin prestaciones empiezan a descontar en el cálculo de la pensión.

¿Hay diferentes porcentajes de descenso de las pensiones en función de la comunidad donde viva el ciudadano afectado?

-Las reglas de cálculo de las pensiones en España son exactamente las mismas en todas sus comunidades autónomas. Este es un principio muy valioso que impide discriminaciones normativas que serían inaceptables en nuestro país. Por ello, no cabe esperar que haya tratamientos diferenciados en esta materia. Si finalmente hay diferencias no es por la aplicación de normas que son iguales, sino porque las bases y/o las carreras de cotización han sido diferentes en cada caso.

¿Cómo afecta esa dinámica a cuestiones como el contrato de relevo, que en ocasiones conlleva un periodo en el paro?

-Mientras el periodo de desempleo que entrañe esta modalidad, si es que lo implica, sea cubierto por las prestaciones del SEPE ello no tiene por qué afectar al montante de las pensiones futuras.

Hace unas semanas, el presidente del Consejo Económico y Social del Estado afirmó que se estaba generando demasiada incertidumbre en torno a las pensiones, que no tiene ninguna duda de que en el futuro habría pensiones, pero que no desconoce cómo serán. ¿Se puede garantizar que esas pensiones serán dignas?

-La Seguridad Social española siempre estará en condiciones de garantizar el pago de las pensiones públicas, pero para que esta garantía sea firme el sistema debe ser sostenible y la sostenibilidad del sistema, a su vez, requiere ingresos adecuados a los gastos. Sucede que los gastos llevan toda la traza de superar a los ingresos y por ello se han hecho necesarias las últimas reformas que implicarán una disminución relativa de las pensiones. A cambio, como decía, estas serán sostenibles y quedarán garantizadas.

¿Se están corrigiendo los desequilibrios con la última reforma? ¿Serán necesarios más ajustes?

-La reforma de 2013 introdujo la actualización de las pensiones con un índice que es muy sensible a la situación económica del sistema (además de a otros parámetros) y mientras esta sea deficitaria no permitirá una revalorización por encima del suelo del 0,25%. Este elemento estabiliza el sistema siempre que haya inflación superior a esa tasa y es lo que está sucediendo ya. Pero hay otros factores de gasto acelerado, como una longevidad imparable, que contrarrestan estos efectos y por ello serán necesarios más ajustes en un futuro próximo.

¿Cómo afectaría al sistema un crecimiento mayor de lo previsto del empleo? ¿Se solucionarían algunos de los desequilibrios?

-Cada nuevo trabajador aporta sus cotizaciones al sistema pero también genera derechos a futuro. Resulta que en nuestro sistema el valor económico de los derechos futuros es superior al de las aportaciones y, aunque a corto y medio plazo estas aportaciones vengan bien para pagar las pensiones del momento, las obligaciones futuras del sistema serán mayores. Creo que esa es una solución que tiene un elevado coste futuro.

Euskadi ha reclamado la transferencia de la Seguridad Social, ¿sería viable el sostenimiento de las pensiones vascas en ese caso?

-La demografía vasca es similar a la del conjunto de España, si no algo más desfavorable. Por otra parte, las pensiones actuales en Euskadi son muy elevadas porque se han generado con bases de cotización pasadas también muy elevadas. Del actual déficit de la Seguridad Social, una parte importante corresponde también al balance desfavorable de cotizaciones y pensiones vascas. En el caso de recibir la plena capacidad de recaudar las cotizaciones de los trabajadores para pagar las pensiones de los vascos, en términos de escala equivalentes, Euskadi no estaría en mejor situación que la que tiene en la actualidad la Seguridad Social española. Tendría que hacer reformas similares a las que están indicadas ya para el conjunto del Estado español.

¿Qué pasos se están dando en otros países? ¿Hay algún modelo de éxito a seguir?

-Hay muchas cosas que se están haciendo. Progresivamente, se abren paso las cuentas individuales de contribución definida, al estilo sueco, que crean un equivalente actuarial [cálculo apróximado de los derechos de pensión que se generarán en el futuro] sin dejar de mantener el método de reparto. Se está retrasando la edad de jubilación por encima de los 67 años y se contemplan los 70 en algunas propuestas. La pensión de viudedad se ha transformado en un pago de capital único o en pagos periódicos no vitalicios.

¿Cumplen en general las pensiones privadas su papel de complemento de las públicas o es una cuestión que solo consiguen las rentas más altas, las que realizan grandes aportaciones a la previsión social durante la carrera laboral?

-Las pensiones públicas son rentas vitalicias por las que se cotiza mucho durante muchos años. Las pensiones privadas no pueden ser algo muy diferente. No se está ahorrando lo suficiente y, por lo tanto, para la mayoría de los partícipes el resultado es muy insuficiente cuando llega el momento de la jubilación. Como una segunda fuente de renta para la jubilación, las pensiones privadas carecen de envergadura en España y sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente en el ámbito laboral.

Solo las grandes empresas realizan aportaciones a planes privados de sus trabajadores, ¿deberían los sindicatos pelear para que esas dinámicas lleguen a las pymes?

-Tanto los sindicatos como las patronales deberían tomarse más en serio el papel que debe desempeñar la previsión social complementaria en la empresa y el mundo laboral. En el País Vasco se le da importancia a este tema y las mutualidades han logrado avances positivos. Pero, en general, el desarrollo es muy modesto porque el marco de los convenios deja muy poco espacio para abordar este tipo de previsión social.

¿Qué fórmulas de ahorro alternativas aconsejaría con vistas a la jubilación?

-Cualquier forma de ahorro que permitiera constituir gradualmente un capital preservándolo. La vivienda sería un buen vehículo si pudiera transformarse de manera eficiente en una corriente de rentas para su propietario llegada la jubilación. Los productos asegurados, como las rentas vitalicias diferidas son una opción interesante. Así como las rentas vitalicias instantáneas adquiridas tras la liquidación de un activo previamente acumulado utilizando cualquier otro producto de ahorro.