Barcelona - Los trabajadores de Eulen decidieron ayer en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida a partir de hoy en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona, al volver a rechazar en una votación la propuesta de mediación de la Generalitat. Un total de 187 trabajadores, de los casi 400 que componen la plantilla, participaron en la votación, que arrojó el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta -que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas-, 36 a favor y uno nulo, según datos facilitados por el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, al término del recuento.

El pasado jueves votaron 176 trabajadores -once menos que ayer- en la primera asamblea, en la que además de la propuesta de mediación también se valoraron otras tres que no habían sido consensuadas. En esa ocasión, venció la propuesta de aumento salarial de 250 euros en 15 pagas, mientras que la oferta de la Generalitat solo obtuvo dos votos.

El Gobierno ya había advertido de que está dispuesto a aprobar un laudo arbitral de obligado cumplimiento que determine las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que, en paralelo, reforzará el despliegue de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat después de varias semanas de colas de viajeros ante los mostradores y los controles de seguridad por las protestas laborales en Eulen. De hecho, tras conocerse la decisión de los trabajadores, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, compareció para anunciar que ya está en marcha el procedimiento para la aprobación del laudo de arbitraje obligatorio. El ministro criticó la “postura muy inmovilista” del comité de huelga y lamentó el rechazo a una propuesta “razonable”. Así, subrayó que el Gobierno no está dispuesto a que “la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el Aeropuerto del Prat”.

El ministro reiteró que ante el “evidente” problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat, ya se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil. De la Serna defendió que en este proceso para la resolución del conflicto laboral ha habido dos fases que “han fracasado”, por lo que la Administración General del Estado es la “competente” para asumir el laudo de arbitraje obligatorio. La Delegación del Gobierno en Catalunya ha decretado unos servicios mínimos del 90% para la huelga, de cara a “garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales”.

Tras conocerse estos resultados, el abogado del comité de huelga Leopoldo García Quinteiro acusó al Govern de atribuirse una función de “arbitraje” que no le corresponde y denunció la “arrogancia” del ministro de Fomento, “absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático” al “amenazar” con el laudo arbitral. A su juicio, “no se dan las condiciones” para un arbitraje obligatorio “mientras no se quiebren los servicios mínimos”, fijados en un 90%, que ha calificado de “abusivo”.

En opinión del abogado, este arbitraje obligatorio se impondría en virtud de “una ley franquista” cuyo “vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional”. “La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga”, denunció. García Quinteiro aseguró que los servicios mínimos “se van a cumplir”, como “se han cumplido escrupulosamente” hasta ahora.

Además, advirtió de que pretender “sustituir” a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil “sería absolutamente ilegal” y ha negado que existan problemas de seguridad aeroportuaria. Al respecto, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, manifestó que la convivencia de los trabajadores de Eulen con el Instituto Armado es mala porque los agentes, afirmó, “presionan” a los empleados, al tiempo que también garantizó que los servicios mínimos previstos para la huelga total de 24 horas se van a cumplir.

Tras conocerse el mantenimiento de la convocatoria de huelga, la consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, afirmó que la mediación de la Generalitat en el conflicto ha terminado. En una rueda de prensa para comentar el rechazo de la propuesta de la Generalitat por parte de los trabajadores de los controles de seguridad, Bassa señaló que ahora les corresponde negociar a “las dos empresas implicadas”, Eulen y Aena, y a los trabajadores. - Efe/E.P.