madrid - Las pensiones están subiendo un 0,25% anual cuando la inflación, caso actual, se sitúa en el 1,5%. De mantenerse la tendencia supondrá una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y, por lo tanto, su empobrecimiento. De hecho, Airef reconoce que de aquí a 2022 los pensionistas pueden perder un 7% del citado poder adquisitivo. De ahí, la existencia de planteamientos que abogan por recuperar el IPC como referente para actualizar las pensiones. El problema es que ello choca con algunos principios de sostenibilidad del sistema que aunque no lo dicen claramente supone rebajar las mismas. Este debate ha llegado con toda su crudeza a las discusiones en el seno del Pacto de Toledo, con notables diferencias entre unos agentes y otros. En concreto, el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha enquistado el debate en la Comisión del Pacto de Toledo, que retomará sus trabajos en septiembre para intentar cerrar una serie de recomendaciones sobre la viabilidad de la Seguridad Social que deberían haber estado listas en julio.

Y es que tras casi ocho meses de debate en esta comisión por la que han pasado una treintena de altos cargos, expertos, técnicos o representantes de patronales y sindicatos, los grupos parlamentarios no han conseguido cerrar las dos primeras recomendaciones: las fuentes de financiación del sistema y la revalorización de las pensiones.

Lo cierto es que se trata de dos de las recomendaciones más importantes, ya que son las que deben garantizar la suficiencia del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

En el ámbito de la separación de fuentes de financiación hay coincidencia en que las bonificaciones o reducciones a la Seguridad Social se financien vía presupuestos generales de Estado con el fin de aliviar el déficit del sistema.

La portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Carolina España, insiste en que hay que dejar de financiar con las cotizaciones “las decisiones políticas de los gobiernos de turno, como las tarifas planas”.

También hay consenso en que la financiación de los gastos de gestión y operativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sean abonados vía presupuestos. Los partidos también han avanzado en concretar que la financiación de las pensiones. - DNA