bruselas - La Comisión Europea presentó ayer una propuesta que obligará a los intermediarios fiscales, como bancos, consultores o abogados, a informar a las autoridades tributarias cuando den asesoría que pueda ayudar a evadir impuestos en la Unión Europea y prevé sanciones para quienes incumplan.

“Los intermediarios tendrán que informar de cualquier esquema transfronterizo que podría usarse para evadir impuestos. Tendrán que dar detalles a sus autoridades nacionales muy pronto”, dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante la presentación de la propuesta.

Es la primera vez que Bruselas se lanza a atajar las prácticas de los intermediarios que diseñan planes para permitir a particulares o empresas escapar o reducir sus contribuciones al fisco, especialmente, a través de complicados esquemas transfronterizos. Son mecanismos utilizados entre otros por los futbolistas, que vuelven a estar en el foco tras la denuncia presentada recientemente contra Cristiano Ronaldo.

La Comisión no cuenta con un cálculo exacto del perjuicio que sus actividades generan para las arcas públicas de los Veintiocho, pero revelaciones recientes como los papeles de Panamá han puesto de manifiesto el “papel central” que juegan en la evasión fiscal. “No todos en este sector están involucrados en la planificación fiscal agresiva (...), pero algunos han ido más allá de estos servicios, en un territorio mas sombrío”, dijo Moscovici, quien reconoció que los asesores proporcionan servicios esenciales.

El comisario añadió que sin estos asesores, “que hasta ahora han permanecido fuera del radar”, la evasión fiscal internacional “no podría ocurrir como ahora”. La legislación propuesta debe ser negociada y aprobada por los países, que serían los encargados de fijar las multas, y por la Eurocámara, señala algunas de las estrategias típicas de evasión. La Comisión incluye entre estas el uso de pérdidas para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar, el uso de regímenes fiscales especialmente beneficiosos o los acuerdos a través de países que no cumplen con los estándares internacionales de buena gobernanza fiscal. - Efe