MADRID - “Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles”. Esta es solo una de las frases que repitió el Gobierno central (esta sentencia en concreto es de Luis de Guindos) cuando se aprobó el rescate europeo a la banca española. El objetivo es dejar muy claro que la operación “no iba a costar ni un euro” a las arcas públicas.

Al final no será así. El Banco de España puso ayer otras cifras sobre la mesa y sus cuentas son muy diferentes: el Estado perderá finalmente 60.600 millones de euros, el 80% de los 77.000 millones inyectados. Ese dinero que se quedará en el limbo representa casi seis presupuestos de Euskadi o lo que es lo mismo el gasto público del Gobierno Vasco durante seis años para atender las necesidades de los 2,19 millones de personas que viven en la CAV.

Todas las cifras relativas al rescate bancario generan vértigo. Ha sido necesario conceder 59.959 millones de euros en ayudas, un 5,6% del PIB. El agujero podría haber sido incluso mayor, porque aunque inicialmente se aportaron 64.098 millones se recuperaron 4.139 millones. Si se tienen en cuenta además las distintas garantías concedidas durante la reestructuración del sector, la factura se eleva en 10.390 millones, si bien el Banco de España considera que el Estado puede obtener ingresos por su participación en distintas entidades, por lo que cifra en unos 60.613 millones los fondos netos aportados.

Modelo vulnerable El organismo que preside Luis María Linde ha analizado la crisis financiera y bancaria en España (2008-2015) en un documento que incluye estas cifras y considera que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo económico de España hacía muy vulnerable a las entidades, principalmente a las cajas de ahorros. Por eso repasa, sin hacer ninguna crítica explícita, las medidas llevadas a cabo para no tener que liquidar ninguna entidad, lo que, además de conllevar la pérdida de confianza sobre el resto del sector, habría supuesto grandes pérdidas para los ahorradores o los contribuyentes, puesto que los fondos de garantía de depósitos habrían necesitado ayudas públicas.

El Banco de España, que no hace ninguna autocrítica como supervisor del sistema financiero, imputa toda la responsabilidad de la debacle de las cajas a los políticos y a los responsables de las entidades. Recuerda así que el sector financiero español resistió “razonablemente bien” los primeros efectos de la crisis de las hipotecas subprime en 2007, pero la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008 complicó la situación y ya en 2009 la crisis empezó a afectar a la solvencia de las entidades españolas. Inicialmente se optó por la búsqueda de soluciones privadas entre las entidades, exigir mayores saneamientos y favorecer integraciones, con lo que surgieron las “fusiones frías” o los denominados SIP, un sistema institucional de protección.

Como en algunos casos iba a ser necesaria la inyección de fondos públicos, se creó entonces el FROB, un fondo público que tuvo que ayudar a la creación de la mayoría de grupos de cajas, pues estas entidades tenían limitaciones legales para captar capital.

desaparición de las cajas El número de cajas pasó de 45 en 2008 a 10 grupos, de los que 8 se han convertido en bancos (Kutxabank entre ellos); el número de oficinas se redujo un 32,3 %, hasta menos de 31.000 a cierre de 2015, y la cifra de empleados mermó un 27%, hasta 197.825.

En ese tiempo, el Banco de España destaca el esfuerzo para sanear los balances con dotaciones cercanas a 300.000 millones, el 28 % del PIB, y también la mejora de los niveles de solvencia. La ayuda pública del FROB fue a parar exclusivamente a las cajas, inicialmente mediante la compra de participaciones preferentes en 2010, cuando el Gobierno socialista comenzó a hablar de “brotes verdes”.

La institución estima que el importe recuperable se sitúa en 12.198 millones de euros, lo que supone un 15,9% del total recibido por las entidades, según recoge el Informe sobre la crisis financiera y bancaria 2008-2014. “Sería necesario deducir el valor de los activos propiedad del FROB y cuya venta o resolución podrán generar ingresos en un futuro, con un valor estimado a finales de 2015 de 12.198 millones”, apunta a este respecto.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, no fue tan preciso, de hecho, ni siquiera confirmó que se fuera a recuperar cantidad alguna, y se limitó a decir que el Gobierno espera recuperar “lo máximo posible” de las ayudas concedidas a la banca y que es necesario esperar a la privatización de las participaciones que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) para calcular cuánto será.