bilbao - ELA y LAB pidieron ayer, junto al resto de integrantes de la Carta de los derechos sociales de Euskal Herria, una reforma fiscal “en profundidad” en la que sindicatos y colectivos sociales tengan “voz”. El secretario general de ELA, Adolfo Txiki Muñoz, denunció que el debate fiscal esté “vetado por el control de Confebask” en las haciendas vascas, mientras que la responsable de LAB, Garbiñe Aranburu, criticó que no haya “el mismo empeño” en combatir el fraude fiscal” que en “limitar” las condiciones de acceso a la RGI.

Representantes de los colectivos firmantes de la Carta de los derechos sociales de Euskal Herria hicieron ayer un llamamiento, en una comparecencia en Bilbao, a participar en una cadena humana que desarrollarán el próximo día 8 desde la sede del Gobierno Vasco en la capital vizcaina para exigir “una fiscalidad justa y redistributiva, al servicio de los intereses de la mayoría social, que se ponga al servicio de la vida, no del capital”.

Los componentes de la Carta de los derechos sociales de Euskal Herria defendieron que el debate sobre la fiscalidad es “imprescindible” y debe hacerse “con luz y taquígrafos” y con “voz” de sindicatos y agentes sociales. En este sentido, Muñoz denunció que el debate sobre la fiscalidad vasca está “vetado por el control” de la patronal. “Hay que romper con lo que ha sido un componente esencial en las decisiones fiscales, que hay una élite muy bien relacionada con el poder económico en las diputaciones que sólo piensa en el interés no de las empresas, sino de los beneficios de los empresarios ”, dijo. - Europa Press