MADRID. Se trata del segundo intento del Gobierno de sacar adelante la reforma de la estiba, exigida por la Unión Europea (UE), después de que el primer decreto-ley por el que se liberalizaba el sector fuera rechazado por el Parlamento hace dos meses.
El Gobierno cuenta con el voto a favor del PNV, que apoyará el nuevo texto, al igual que hizo en la votación de marzo pasado, y de Cs, que se abstuvo en el trámite parlamentario anterior, además de la abstención de PDeCAT, que votó en contra del primer documento.
El real decreto-ley, que modifica el régimen de los estibadores, se somete, así, al debate de convalidación en pleno, mucho antes del plazo límite de 30 días previsto para la ratificación de este tipo de dispositivos.
Una vez terminadas las votaciones de los asuntos debatidos, se suspenderá la sesión, para celebrar un segundo pleno, en el que se debatirá la convalidación de la modificación del régimen de los estibadores, para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria contra España dictada en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Desde Ciudadanos explican que siempre estuvieron a favor de cumplir la sentencia de la UE, "como no puede ser de otra forma", pero que se abstuvieron la primera vez porque el Gobierno llevó un documento sin consenso y sin negociar con trabajadores, patronal ni administración.
El Ejecutivo ha introducido algunas modificaciones al texto, fruto de la negociación con PDeCAT que suponen, según los sindicatos, algunos avances en cuestiones como la formación, el mantenimiento de los ámbitos y la eliminación del incentivo a los contratos de menos de siete días de duración, y ha adjuntado al real decreto-ley el acta de mediación de la negociación entre patronal y trabajadores.
Pese a ello, han convocado ocho jornadas de huelga alternas (lunes, miércoles y viernes) en horas impares entre el 24 de mayo y el 9 de junio, ya que, según explican, el decreto-ley "esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva".
A su juicio, el decreto-ley no cumple con la principal demanda de los estibadores, prometida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de garantizar el empleo de los actuales trabajadores y se sienten "una vez más engañados".
También la patronal Anesco lamenta no haber podido participar en el proceso para la aprobación y convalidación del decreto-ley, ya que, en ningún momento, las empresas del sector han podido expresar su posición, "faltándose al compromiso adquirido tras la propuesta de mediación".
Las empresas consideran "irresponsable y extremadamente grave" el hecho de que no se les haya traslado previamente el documento, ni requerido su posicionamiento, antes de la tramitación de "un cambio legal de esta relevancia".
El decreto-ley será defendido por el Gobierno y debatido con los grupos parlamentarios, en turnos de 12 minutos en contra y a favor de la convalidación y un máximo de siete minutos para que el resto de los grupos fijen su posición.
