Las administraciones vascas se repartirán cerca de 350 millones del pacto del Cupo

El enfrentamiento giraba en torno al dinero que tiene que pagar la CAV al Ejecutivo central por las cargas comunes. Durante una década Euskadi ha ingresado en Madrid menos dinero del que se le exigía y el Ministerio, a su vez, le descontaba esa cantidad de las devoluciones por IVA y otros impuestos. Mientras ha durado esa guerra de descuentos las administraciones vascas han gastado parte de ese dinero en litigio. Eran los años de la crisis y, conscientes de que tarde o temprano se llegaría a un acuerdo, han utilizado todos los fondos disponibles para mantener el gasto.

De este modo, la mayor parte del ahorro está ya amortizado y técnicamente se producirá un ajuste contable en el que cerca de 1.000 millones se moverán de un asiento a otro sin ninguna incidencia real. El resto, entre 350 y 400 millones, según los cálculos preliminares del Departamento de Hacienda, habrá que repartirlo y todavía no está muy claro cómo hacerlo.

El Gobierno Vasco recibirá la mayor parte. Sobre el papel la Ley que establece el cauce financiero entre las haciendas forales y Lakua dicta, como normal habitual, que el Gobierno Vasco se queda con un 70% de lo que se recauda y el resto se reparte entre las diputaciones en función de sus coeficientes de aportación a los Presupuestos de Euskadi. Sin embargo, el acuerdo sobre el Cupo afecta a varios impuestos, algunos de ellos siguen al pie de la letra el reparto general y otros establecen mecanismos diferentes.

“no es el cuponazo” En este momento se está analizando precisamente qué criterio utilizar en cada caso. Además, el acuerdo con el Estado establece un plazo de cinco años para la devolución del dinero y, por lo tanto, no habrá una lluvia de la millones de la noche a la mañana. Así lo recordó el consejero de Hacienda en una entrevista en Radio Euskadi, tras matizar que, a efectos prácticos, Euskadi solo recibirá algo más de 300 millones: “Esto no es un cuponazo, sino lo que correspondía. La lotería consiste en haber conseguido un acuerdo que da estabilidad política y financiera”.

También indicó que el margen de crecimiento de los Presupuestos del próximo año rondará los 200 millones, “una cantidad baja” que obliga a la Administración vasca a buscar más recursos económicos. Con esa reflexión Azpiazu se adentró en el que ha sido el tema económico de la semana, los cambios fiscales que abordarán las diputaciones tras el verano y el diferente enfoque que se percibe respecto al Ejecutivo vasco.

El consejero no quiso entrar en el fondo de la cuestión, que en estos momentos está en fase de debate, y no se pronunció abiertamente sobre si es necesario subir la presión fiscal a las empresas o si se debe hacer todo lo contrario. Azpiazu pidió “responsabilidad para que cada uno pague en función de su capacidad económica”. Cómo alcanzar ese objetivo es la clave que sigue sin despejarse. El Impuesto sobre Sociedades es una moneda de dos caras, por un lado permite recaudar y por otro incentiva la economía gracias a las deducciones a la inversión y la generación de empleo. El consejero tampoco descartó bajar los tipos del impuesto, aunque en declaraciones anteriores se ha mostrado más favorable a subirlos. “Un menor tipo impositivo es compatible con una mayor recaudación tributaria”, subrayó. El sindicato ELA denunció que las diputaciones “quieren eludir el debate sobre fiscalidad” y les acusó de ser “reinos de taifas que se han convertido en un lobby propatronal”. En una nota, el responsable de Política Social de ELA, Mikel Noval, celebró, en referencia a Azpiazu, que en el Gobierno Vasco “haya voces favorables a realizar una reforma fiscal encaminada a aumentar la recaudación vía Impuesto de Sociedades”.