VITORIA - Los trabajadores que entran al mercado laboral, de los que una parte importante son jóvenes, lo hacen con un sueldo muy por debajo de la media. Según datos del Banco de España, los nuevos contratos incluyen salarios un 24% más bajos que los de las personas que ya están en activo, produciéndose un continuo desplazamiento de empleo estable a través de jubilaciones o despidos por puestos de trabajo precarios. La brecha ha crecido en los últimos años tras mantenerse constante durante la crisis y se agranda en el caso de las mujeres y los jóvenes con una baja cualificación.

El Banco de España hizo público ayer un informe sobre la última Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al primer trimestre del año, en el que recogen datos sobre la evolución salarial en el Estado español. El informe comienza señalando que la moderación salarial sigue siendo la tónica como viene ocurriendo en los últimos años, con un descenso de la remuneración por asalariado de dos décimas en 2016. La caída se produce a la vez que la economía española, como la vasca, crece a un ritmo cercano al 3%.

La subida pactada en convenio, recuerda el organismo de Luis María Linde, fue el año pasado ligeramente superior al 1%, mostrando una aceleración respecto a 2015 pero por debajo de lo acordado por patronal y sindicatos. Esa mejoría salarial, en cambio, no llega a todos los trabajadores -en el caso de Euskadi la mayor parte de la negociación colectiva está bloqueada- lo que explica que, en términos globales, los sueldos permanezcan estancados.

El estudio destaca en esta línea que en los últimos años se ha acentuado la diferencia entre los aumentos salariales medios acordados en la negociación colectiva y el incremento real de la remuneración.

Otro factor decisivo para mantener la congelación salarial es, como reconoce el Banco de España, que la entrada de trabajadores al mercado laboral se produce en condiciones mucho más bajas que las de los empleados que ya están en activo y gozan de una cierta estabilidad.

Esta brecha salarial entre trabajadores nuevos y antiguos guarda relación además con variables como el sexo, la edad, los estudios, la nacionalidad, el sector o el tamaño de la empresa. Si no se tienen en cuenta este tipo de condicionantes, la brecha salarial entre los trabajadores nuevos y los ya presentes en el mercado sería del 12%. Sin embargo, la diferencia real incluyendo estos elementos -hay que tener en cuenta por ejemplo que una gran mayoría de los nuevos contratos los firman personas jóvenes- se dispara al 24%.

Esta brecha ha aumentado ligeramente en los últimos años -la información del Banco de España incluye el periodo 2006-2015-, después de haberse mantenido relativamente constante a lo largo de la crisis. La ecuación, por tanto, respalda la tesis sindical, asumida también por el Gobierno Vasco, de que el empleo que se genera en el ciclo económico ascendente es de baja calidad con altos índices de temporalidad, jornadas parciales y subcontratación.

Con un salario medio de 1.636 euros en el caso del Estado español, según datos del INE, la entrada al mercado de trabajo supone cobrar 400 euros menos, es decir, algo más de 1.200. En la CAV, con una media que sobrepasa los 1.900 euros, la diferencia sería de cerca de 500.

Como indica el informe, factores como el sexo, la edad o el nivel formativo agrandan la brecha. En el caso de las mujeres, que acceden en mayor medida a empleos en actividades con mucha contratación parcial, la entrada al mercado laboral se produce con desventajas que superan ese 24%.

La institución que gobierna Linde señala que en la medida en que las proyecciones apuntan a que la creación de empleo se mantendrá a corto plazo, la brecha entre trabajadores nuevos y ya empleados seguirá frenando el aumento de los salarios.

desligar del ipc Por otro lado, el supervisor español indica que la inclusión en los convenios de cláusulas que garantizan una subida salarial acorde a la inflación “repercutió negativamente” en la competitividad de las empresas. El Banco de España reitera así su mensaje en contra de ligar los salarios al coste de la vida, una batalla en la que lleva años inmersa la patronal.

En todo caso, el mismo informe indica que este tipo de cláusulas ha reducido su presencia y en 2016 sólo afectaban a uno de cada cinco trabajadores, frente a la proporción de tres de cada cuatro antes de la crisis. “Sería deseable mantener la tendencia hacia un menor grado de indexación -al IPC- de los contratos, incluidos los acuerdos salariales, para facilitar un ajuste más eficiente de la economía”, reclama.