Gobierno y sindicatos ultiman una oferta de empleo público de 250.000 plazas en tres años

Esta es la última cifra que han consensuado Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada el miércoles en el marco de las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se fijarán las cifras definitivas de la oferta de empleo público histórica y se comunicará la cifra de incremento salarial de los empleados públicos para este ejercicio a incluir en el proyecto de Presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros el 31 de marzo. Fuentes de CSIF destacado que en la última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se ha avanzado en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado un acuerdo de reposición del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o Tráfico.

Por su parte, fuentes de UGT explicaron que la reunión no ha sido concluyente, aunque destacaron que en materia de empleo hay un posicionamiento “más cercano”. Así, la próxima semana se celebrará una nueva reunión previa a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que podría fijarse para el 28 o 29 de marzo, o el jueves 30 de marzo, un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Presupuestos para 2017 en el que se incluirá la OEP y el incremento de salario de los empleados públicos para este año.

La intención de Hacienda es convocar una OEP con un número suficiente de plazas como para reducir la interinidad en el empleo público del 25% actual al 8%.

Tanto UGT como CCOO piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%. Asimismo, también pedían junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

En materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está “encallada”, ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser superior al 1%, para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo el IPC del 3% actual. - Europa Press