BILBAO - Mario Fernández ha evitado un sofocón judicial por devolver con “prontitud” a Kutxabank el dinero que recibió Mikel Cabieces cada mes y durante tres años, aunque se llevó ayer un duro varapalo con la sentencia del caso Cabieces. Los tres acusados han sido condenados a penas de cárcel, un año el exdelegado del Gobierno en Euskadi y seis meses para Fernández y Rafael Alcorta, pero el tribunal considera que el primer presidente de Kutxabank es el autor material de un delito de apropiación indebida y solo le salva de una pena mayor el atenuante de haber reintegrado los 243.592 euros que fueron a parar a la cuenta del exdirigente socialista.
La fiscalía y la acusación particular solicitaban penas de tres años de cárcel -el código establece entre 1 y 6 años- para los imputados, y los tres jueces que firman la sentencia sostienen que Fernández es el autor principal del delito y que Cabieces participó como “cooperador necesario”, una calificación judicial que se enmarca dentro la figura de autor. Rafael Alcorta, por su parte, es solo “cómplice”, con un papel “no esencial” en los hechos.
Los tres quedan exculpados del delito de administración desleal, la infracción alternativa que planteaban las acusaciones, y se quedan con la pena de mayor gravedad.
La reducción de la condena de Fernández por devolver el dinero en cuanto tuvo conocimiento de la auditoría interna de Kutxabank y antes de que la fiscalía tomara cartas sitúa a Mikel Cabieces como el acusado con mayor pena, si bien, a lo largo de las 43 páginas del fallo, los magistrados se muestran muy críticos con el proceder del expresidente de la entidad. Tras leer la sentencia y pese a que en términos de condena no sale mal parado, Fernández anunció que recurrirá para “limpiar su honor profesional”. No ha trascendido la postura de Cabieces y Alcorta.
kutxabank, sale “reforzado” Fuentes de Kutxabank, por su parte, reiteraron que su actuación “se ha ceñido en todo momento a la legislación vigente y ha respondido de forma estricta a los requerimientos de los órganos de supervisión”. Por ello, los responsables del banco están “convencidos de que el respeto escrupuloso a las normas de buen gobierno, a la legalidad y a la normativa interna, han fortalecido su credibilidad y regenerado la confianza que el entorno deposita en la entidad”.
Lo cierto es que la sentencia es clara en cuanto a la participación de Kutxabank en los hechos juzgados: Mario Fernández “actuó de forma personal, al margen de la entidad, sin implicar a ésta en ningún momento, en una actuación por completo ajena a la actividad ordinaria del banco”.
El tribunal considera probado que “una personalidad relevante del mundo político” le solicitó al entonces presidente de Kutxabank que buscase una “salida laboral” a Mikel Cabieces, que acababa de ser relevado como delegado del Gobierno. Fernández consideró “legítima” la petición y aceptó cumplir con la “función social” de ayudar a una persona que había estado en primera línea de la lucha antiterrorista.
El problema es el camino escogido para hacerlo. Los magistrados destacan en la sentencia que se podía haber formalizado un “contrato o acuerdo de asesoramiento profesional” o “buscar un puesto de trabajo dentro de la estructura del banco” o en las empresas en las que tiene acciones la entidad financiera. E incluso se estima que Fernández podría “haber hecho uso de su influencia” para lograrle un contrato en la empresa privada.
No se apostó por ninguna de esas vías, porque el objetivo real no era dar una ocupación remunerada, sino garantizarle unos ingresos. “Se trataba, lisa y llanamente, de una ayuda económica para Miguel Ángel Cabieces, no del refuerzo de ningún servicio para Kutxabank”.
Es la conclusión más clara y directa en contra de la línea general que han mantenido los abogados de los tres acusados, que defienden que Cabieces prestó un servicio al banco y cobró por ello. Básicamente se considera “insostenible” que se produjera efectivamente una “colaboración profesional que respondía a los intereses de todas las partes implicadas”. La sentencia estima que ese argumento no es más que una “hipótesis alternativa” elaborada “a posteriori”, con el único objetivo de justificar el pago de las cantidades.
De esta forma, Fernández “atendiendo al requerimiento [del alto cargo político], y siendo consciente y aceptando el perjuicio económico que iba a suponer para la entidad de la que era presidente, dio la orden al directos de Recursos Humanos, para que le hiciera la entrega a Miguel Ángel Cabieces de la cantidad mensual de 5.783 euros durante tres años, con cargo a las cuentas de Kutxabank”
De forma paralela, también dictó “instrucciones” para “dar la cobertura formal” a los pagos poniendo en contacto al exdelegado del Gobierno con el despacho de abogados de Rafael Alcorta, con el que mantenía un contrato de asesoramiento y defensa en cuestiones laborales. A partir de ahí, la factura mensual del bufete aumentó en la misma cantidad que cobraba Cabieces y en los giros aparecía el concepto “honorarios adicionales de la mensualidad por colaboración y gestión externa (MCG)”, las iniciales del exdirigente socialista.
Alcorta firmaba a continuación un cheque nominal y Cabieces lo ingresaba en su cuenta, sin que hubiera en Kutxabank un “encargado de vigilar y comprobar la naturaleza y el volumen del trabajo realizado”. Tampoco se ha conseguido probar durante el juicio la “frecuencia e intensidad” de los trabajos desarrollados por el exdelegado del Gobierno para el banco. Tanto Alcorta como Cabieces sabían que “estos pagos se debían a una decisión personal” de Mario Fernández y eso les convierte en cómplices del delito de apropiación.
