madrid - “Hoy estamos contentos porque ha caído el decreto, pero sabemos que el problema no se ha resuelto”. Un estibador del Puerto de Bilbao resume así el sentir general del colectivo el día después de que el Congreso tumbara la reforma de la estiba del Gobierno español. Se ha ganado una batalla pero no la guerra, advierte este operario. El siguiente episodio de la contienda tendrá lugar este martes, cuando el Ejecutivo buscará cerrar con empresas y sindicatos un acuerdo similar al que se le escapó el pasado miércoles. Si lo consigue podrá aprobar en el consejo de ministros de la semana que viene un nuevo decreto ley maquillado y acudir al Congreso con garantías.

“Es imposible que sea muy distinto”, señaló ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en relación al nuevo decreto que tiene previsto diseñar el Gobierno. En una entrevista en Onda Cero, el ministro indicó que la oferta trasladada el miércoles a los sindicatos, con prejubilaciones a partir de 50 años -la edad legal de jubilación en el sector son 55 años- con hasta el 70% del sueldo, “no tiene precedentes” y es “enormemente generosa”.

Asimismo, destacó que incluye garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo, aunque el blindaje no se trasladaría a la ley como reclaman los trabajadores. “No podemos introducir en la ley lo que queramos, tiene que ser la UE la que dé el visto bueno”, argumentó el ministro, que indicó que el decreto “ya está flexibilizado al máximo”.

A priori parece difícil que pueda haber un acercamiento sobre la base de una propuesta que fue rechazada de plano por los sindicatos, aunque el titular de Fomento confía en que el nuevo escenario fuerce un cambio de posición el martes. Con el rechazo de los grupos del Congreso asegurado, argumentó De la Serna, las centrales no tenían necesidad de dar su brazo a torcer. Pero ahora, con el decreto fuera de escena y la multa de Bruselas como telón de fondo el panorama puede ser distinto, razona el ministro.

La cuestión de las prejubilaciones, a falta de pulir detalles, puede servir de aliciente aunque desde los sindicatos se remarca que lo fundamental es asegurar el futuro de la mayoría de operarios que quedarían fuera del plan de bajas. “Sería muy egoísta pensar solo en nosotros. ¿En qué condiciones van a quedar los compañeros de 30 y tantos años?”, comentaba un trabajador que por edad accedería a la prejubilación. Se calcula que serían cerca de 1.400 los estibadores que podrían retirarse de un colectivo de algo más de 6.000.

En definitiva, la clave en la resolución de la cita del martes será si existe margen para asegurar por la vía legal la denominada subrogación, es decir, el mantenimiento de los mismos trabajadores y las condiciones actuales cuando entren nuevas empresas a operar en el sector.

recado de Bruselas Europa sigue presionando a España para que cumpla la sentencia de 2014 que le obliga a liberalizar el sector, pero del tono de la Comisión se deduce que el nivel de urgencia es menor al expresado por el ministro. Ayer la portavoz de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, indicó que es “esencial” que España acate la sentencia para evitar una multa pero recordó que no hay una fecha límite para ello.

La multa, que ahora asciende a 22 millones de euros, se disparará si los tribunales europeos emiten una segunda sentencia en la misma dirección, aunque ese fallo podría retrasarse aun varios meses.