MADRID - El Gobierno español afronta hoy la convalidación del decreto ley que liberaliza la estiba en los puertos sin un acuerdo con estibadores y empresarios del sector lo que dificulta que otros grupos políticos le apoyen pues supeditan el voto favorable a un acuerdo entre las partes que garantice el empleo.
El Ejecutivo del PP cambió ayer de postura y accedió a la petición de los estibadores de sentarse en la mesa con la patronal Anesco y los sindicatos. En el transcurso de la misma planteó a los estibadores un plan de prejubilaciones voluntarias al que podrían acogerse los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarían con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja. Además planteó a las empresas privadas la subrogación de todos los estibadores de las Sagep.
Pese a esa propuesta in extremis los sindicatos y Anesco no lograron anoche alcanzar un acuerdo sobre la propuesta que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, les planteó. “En nuestra opinión, el documento presentado por el ministro no cumple en modo alguno la garantía de mantenimiento del empleo”, indicó Víctor Díaz, de Coordinadora, principal sindicato de estibadores. “Lo único que hace es volver a emplazar a sindicatos y patronal a que negocien sobre la subrogación de los trabajadores”, añadió Díaz, según Europa Press.
Así las cosas, el Ministerio de Fomento presentará hoy jueves en el Congreso de los Diputados el decreto Ley que liberaliza el sector de la estiba en los puertos del Estado español para cumplir con una resolución de la justicia europea en tal sentido. El problema es que el Gobierno del PP, en principio, no cuenta con apoyos para convalidar el decreto.
Con la propuesta de ayer el Ejecutivo español confía en que la misma lleve al resto de formaciones políticas a replantearse su posición de rechazo a la reforma, especialmente al PSOE y Ciudadanos.
El ministro acudió al comienzo de la reunión entre patronal y sindicatos en el Consejo Económico y Social (CES) y presentó la propuesta. Posteriormente, la reunión prosiguió sin el titular de Fomento y a la espera de Antolín Goya, secretario general de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, que voló a Madrid desde Canarias tras el cambio de postura gubernamental.
En concreto, la propuesta del Gobierno español incluye cuatro medidas. La primera de ellas es el mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores, algo que constituye la principal reivindicación de los sindicatos del sector que aún tienen convocados cuatro días de huelga en los puertos. Para ello, la propuesta plantea que los trabajadores se subroguen en las empresas de estiba. Algo que tienen que aceptar estas. En la actualidad, los estibadores dependen de las sociedades de gestión de estibadores portuarios (Sagep), que controlaba su contratación por las empresas, y que de hecho constituyen un monopolio.
La segunda propuesta del Gobierno es la referida plan de prejubilaciones voluntarias. Podrán acogerse los estibadores que estén a cinco años o menos de su edad de jubilación (los 55 años en el caso de los estibadores) a cambio del 70% del salario medio total de últimos seis meses.
La propuesta del Ejecutivo se completaría con el compromiso de empresas y sindicatos a acordar medidas para mejorar la productividad en los puertos, y el del Gobierno a garantizar el cumplimiento del eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento.
En la propuesta de Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba presentada por Iñigo de la Serna se indica que su objetivo es facilitar un “tránsito ordenado” a la liberalización del sector, para que “la libre competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores”.
El real decreto que quiere aprobar el Gobierno español para cumplir con la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia Europeo instando a liberalizar el negocio de la estiba en los puertos del Estado español, tiene como objetivo teórico impulsar la libertad de establecimiento de las empresas estibadoras pero curiosamente, tal y como recuerdan los estibadores, las mismas empresas pactan con el Ministerio de Fomento concesiones en los puertos a 50 y 70 años, algo que, según las fuentes citadas, atentaría contra la referida libertad de establecimiento porque no deja mucho margen para la competencia de nuevos agentes.
Para hacerse una idea de lo que está en juego hay que tener en cuenta que el Estado español es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa (8.000 km.). Además su situación geográfica, próxima al eje de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, le beneficia como área estratégica en el transporte marítimo internacional.
La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas de transporte viene avalada por las siguientes cifras: por ellos pasan el cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones del Estado español. Estamos hablando de unos 200.000 millones de euros anuales en mercancías.
70%
del salario garantiza el Gobierno español a los estibadores que se prejubilen a partir de los 50 años hasta la edad legal de jubilación de este colectivo que es 55 años por la penosidad del trabajo
