Los puertos del Estado pasan por el que puede ser uno de los mejores momentos de su historia pues el año pasado alcanzaron un récord histórico con 508 millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas, tras crecer un 4,7%. En el caso vasco, pese al efecto negativo de la crisis siderúrgica y del gas, Bilbao movió 31,9 millones de toneladas y Pasaia, 3,4 millones. Por los muelles portuarios de los 46 puertos de interés general del Estado entra el 86% de las importaciones y sale el 60% de las exportaciones del Estado.
Un pastel de 200.000 millones de euros anuales que se puede ver seriamente afectado si estalla un conflicto laboral del que están pendientes las empresas del sector, pero también las compañías que compran o venden las mercancías y los transportistas. Las pérdidas podrían alcanzar los 50 millones de euros al día.
La guerra es entre los estibadores, el colectivo laboral de trabajadores que en exclusiva pueden realizar las labores de carga en los muelles, y un Gobierno español que quiere reconducir el sector vía decreto, forzando una liberalización a instancias de las autoridades judiciales europeas que beneficia a las grandes empresas en detrimento de los trabajadores.
Fruto de su fuerza de negociación-presión histórica el colectivo de estibadores tiene unos salarios de más de 50.000 euros brutos anuales, y más en Levante, y las empresas del sector agrupadas en una ahora dividida patronal Anesco, pretenden una liberalización que provoque una reducción de costes laborales significativa.
Los empresarios del sector, en especial los de Valencia y Barcelona, los puertos más beneficiados del tráfico de contenedores, que llega de China y Extremo Oriente, no ocultan que pretenden con la liberalización rebajar los salarios hasta en un 60%.
Por su parte, los trabajadores -cuyo principal sindicato, la Coordinadora, se muestra dispuesto a negociar- dejan caer que bajo la resolución judicial europea que insta a liberalizar el sector en España, el Gobierno del PP defiende intereses empresariales concretos que buscan un cambio de modelo del negocio de estiba manu militari para “rebajar los salarios”, aumentar el beneficio y poder vender las compañías del sector. Este es un negocio en el que hay importantes grupos internacionales, Maersk, J. P. Morgan, Hutchison, Hyundai, etc.
En el caso vasco destaca la presencia de una de las empresas líderes en el Estado, Noatum, la antigua Dragados-ACS. Esta empresa propiedad de un fondo de inversión holandés y respaldada por J. P. Morgan es una de las más interesadas en un proceso liberalizador porque multiplicaría el valor de sus activos ante una posible venta a un gigante chino como Cosco. Directivos de esta compañía ya han visitado hace tres semanas el puerto de Bilbao interesados en Noatum.
El problema es que imponer por la fuerza una liberalización del sector puede desembocar en medidas de fuerza de los trabajadores que ocasionarían cuantiosas pérdidas a todo tipos de agentes económicas en el Estado. Además, dentro de la patronal no todos coinciden en la política a seguir porque casi nadie quiere un conflicto que paralice los puertos.
El PP ha levantado el pie del acelerador al ver que no cuenta con otros apoyos parlamentarios para convalidar el decreto-ley, si lo saca de manera unilateral, en el Congreso. Y por si fuera poco el embrollo, la posibilidad de que en caso de medidas de fuerza, el Gobierno fuerce un ERE para el colectivo de estibadores, a financiar no por las empresas que se beneficiarían de la medida, sino por los puertos ha levantado ampollas en Autoridades Portuarias, como la de Bilbao, que no están por la labor.
A fecha de hoy se espera que las partes puedan llegar a un acuerdo que permita cumplir con la sentencia europea, la liberalización tiene que llegar, a la vez que blindar en cierta medidas las condiciones laborales mediante un convenio entre estibadores y empresas. Obviamente, hay compañías que no están por la labor pero una huelga que costaría 50 millones de euros diarios sería mucho peor.
