Ya conocen la noticia, quienes debían supervisar la solvencia de los bancos, la transparencia de la Bolsa y la protección de los inversores tendrán que declarar ante la justicia como investigados en el proceso abierto por la salida a Bolsa de Bankia. Creo que los nombres de los imputados es lo de menos. Lo importante reside en que aquel repique de la campana de Rodrigo Rato el 20 de julio de 2011 fue la escenificación de un fraude que hoy sienta en el banquillo de los acusados al Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como máximos responsables de una operación auspiciada desde el Gobierno español.

Corresponde a la Justicia el buscar culpables a semejante desaguisado y hacerles que reparen su culpa. Aunque es preciso señalar que el proceso judicial es el último recurso que queda ante la comisión de un delito, por ello, conocer la identidad de quienes deben rendir cuentas de sus actos es irrelevante. Sólo será una especie de reparación emotiva para los perjudicados por el quebranto económico ocasionado. Es decir, para los miles de inversores que acudieron a la llamada de Rato y para el conjunto de la sociedad española, que ha pagado con sus impuestos un rescate público que quizás podía haber sido evitado o, al menos, reducido en su cuantía.

Siguiendo la interpretación que ha dado el Diccionario Oxford al neologismo post-truth (posverdad), entronizado como palabra del año en 2016, podemos decir que estamos ante la preocupante posibilidad de que los hechos objetivos influyan menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. En efecto, el nombre de los imputados es la posverdad que oculta los hechos objetivos. Una búsqueda histérica de culpables institucionales no soluciona el incumplimiento de las responsabilidades de quienes están para supervisar a los bancos y proteger a los inversores.

Este es el punto nuclear de todo este proceso. Se podrá replicar que existieron correos electrónicos advirtiendo de la inviabilidad de la operación bursátil, pero desde el año 2004 el BdE se plegaba a las directrices políticas en detrimento de la profesionalidad e independencia de sus inspectores después de que el entonces Gobernador, Javier Caruana decidiera prescindir de los informes firmados por los inspectores a la hora de tomar decisiones sobre las entidades.

En su lugar, son los jefes del departamento correspondiente los que elaboran un nuevo tipo de informe llamado ICE (Informe para la Comisión Ejecutiva). Y esos jefes no siempre incorporan los argumentos y advertencias de los inspectores.

El cambio de rumbo definitivo se produce con Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), quien sustituye a los profesionales al frente de la supervisión por hombres de confianza política. Bien se puede decir que, si un hombre de Aznar puso la semilla del diablo, el encargado de regarla para que brotara con fuerza fue un hombre de Zapatero.

Dicho con otras palabras, entre populares y socialistas se han cargado al supervisor y han provocado la mayor crisis en los 140 años de historia del BdE con la dimisión de su cúpula, ya que algunos de los responsables del desaguisado de Bankia fueron ascendidos por Linde, puesto en el cargo de gobernador por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Confiemos en que ahora, vistas consecuencias, los políticos se pongan en mono de trabajo para devolver al Banco de España un mínimo de la credibilidad perdida. Al margen del proceso judicial, ya se habla de una comisión de investigación en el Congreso para conocer la verdad de lo ocurrido y de una comisión de expertos para analizar lo pasado y sacar conclusiones para el futuro.

La pregunta es ¿serán capaces de hacerlo?