El juez del ‘caso Bankia’ investigará a las excúpulas del Banco de España y la CNMV

La sección tercera de la sala de lo Penal que preside el juez Antonio Díaz Delgado estimó el recurso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), por lo que obliga a citar como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a su ex número dos Fernando Restoy, y al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura.

Según el auto, que acuerda que se llame en la misma calidad a otros cinco responsables de la “jefatura” del organismo regulador, la petición de la CIC es “razonable y razonada”.

En este sentido, la sala asume los argumentos de la acusación, que cargó contra ambas instituciones por “incitar” a la entidad a la “huida hacia delante” del debut bursátil, en tanto que “existen indicios múltiples, bastantes y concurrentes” de que dieron luz verde a la operación a pesar de las “reiteradas” advertencias de los grupos de inspección.

Los magistrados valoran las pruebas testificales practicadas desde 2012, cuando que comenzaron las pesquisas, hasta la fecha, así como los correos electrónicos intercambiados con sus superiores por una de las piezas clave del caso, el inspector del Banco de España José Antonio Casaus.

En tales comunicaciones, que en los últimos meses han cobrado protagonismo, José Antonio Casaus señalaba que el grupo BFA-Bankia era inviable “a medio plazo”, y advertía de los “graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia”.

La Audiencia Nacional contradice ahora al instructor, que el pasado noviembre rechazó por tercera vez investigar a los altos funcionarios de estos organismos al estimar que la responsabilidad en las decisiones de gestión correspondía “en exclusiva” a los órganos de administración. Al respecto, remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, quien planteó que, de cuestionar la viabilidad del grupo, la responsabilidad “no sería exclusiva de los administradores o del auditor” sino también de otros actores, en este caso “los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño”.

Los efectos del auto se hacen extensibles al exsubgobernador Javier Aríztegui, al exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello, Mariano Herrera, Pedro González así como a Pedro Comín, superior de José Antonio Casaus en la labor de inspección.

15.000 millones de pérdidas Según el escrito, participaron en una solución que “no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”, estimado en unos 15.000 millones de euros. No obstante, los magistrados se oponen a que el Banco de España aporte todos los correos, al tratarse de una prueba “manifiestamente excesiva”.

La acusación popular del 15MpaRato asegura en una nota de prensa que esta decisión muestra que “las compuertas empiezan a ceder frente a las evidencias”, aunque cree que no debe interpretarse como una desautorización a la labor del juez Andreu.

Asimismo, recuerda que el movimiento emprendió acciones legales aún pendientes de resolver en la justicia ordinaria contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su sucesor, Luis María Linde, por presunta prevaricación.

Colectivos de consumidores como Asufin, aplaudieron la decisión de la Audiencia Nacional y alabaron la actuación de “jueces y abogados independientes que están devolviendo la cordura al sistema”.

Tras el aviso de la sala, se espera que el juez Andreu emita sus citaciones, momento en el que se confirmará la incorporación de estos ocho cargos a una causa en la que ya figuran el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, su exvicepresidente, José Luis Olivas, y Deloitte, firma que auditó las cuentas supuestamente “falseadas”, además de una treintena de personas. - Efe