bilbao - Primer varapalo judicial para la ACB en su nueva vida como centro de producción de acero especializado. En una contundente sentencia, el juzgado de lo Social número 4 de Bilbao ha estimado la demanda de ELA contra el acuerdo alcanzado por la dirección y la plantilla en junio para reabrir la acería bajo mínimos, obligando a ArcelorMittal a restituir sus condiciones anteriores a los más de 300 trabajadores que había entonces. El juez ve contraria a derecho una modificación sustancial de condiciones que la plantilla aceptó bajo “presión” y en un contexto “coactivo”. Arcelor recurrirá el fallo y no hará cambios en el nuevo sistema de producción hasta que haya un veredicto definitivo.

En una ajustadísima votación, los trabajadores de la ACB aceptaron el pasado 14 de junio reabrir la planta con una producción de 12.000 toneladas mensuales repartida en tres fines de semana. En concreto, fueron 143 operarios de 282, el 50,7%, los que avalaron el plan. La reapertura, que se materializó en septiembre, rescató del ERE a una parte de la plantilla y dio inicio a una nueva etapa con dos equipos de producción rotándose de viernes a lunes cada 12 horas.

ELA, que cuenta con dos delegados de trece en el comité, llevó el nuevo sistema de trabajo a los tribunales al entender que se había producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin los necesarios requisitos legales. En su demanda, a la que se adhirió posteriormente LAB -con tres asientos en el comité-, el sindicato de Adolfo Txiki Muñoz solicita que se reponga a los más de 300 trabajadores que había antes del acuerdo de junio -una veintena eran temporales- sus anteriores condiciones laborales.

El juez ha estimado íntegramente la demanda de ELA en un escrito que no deja lugar a dudas sobre su visión respecto al movimiento de ArcelorMittal. Muy criticada entonces desde el ámbito sindical, social e incluso institucional, la oferta de la multinacional fue vista por la opinión pública poco menos que como un chantaje en el que el gigante siderúrgico siempre se guardaba la última carta del cierre.

Al margen de valoraciones éticas, el juzgado de lo Social de Bilbao considera que el reajuste de Arcelor en Sestao no tiene encaje legal y que la aceptación del mismo en asamblea por parte de la plantilla “nada aporta a la validez del proceso”. Aquella decisión de aceptar el mal menor no se produjo en el marco de una negociación o de un periodo de consultas como exige la ley en el que se pudiese dar una “libre y consciente aprobación” del nuevo plan. Al contrario, los trabajadores tomaron la decisión dentro de un proceso en el que ArcelorMittal no informó debidamente de la situación económica real y en el que la parte laboral se vio obligada a decidir entre el sí a la empresa o el cierre de la factoría bajo “presión”.

“No puede obviarse que procede la impugnación del acuerdo por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, de manera que el mero hecho de que el mismo se presente a los trabajadores como única alternativa viable al cierre no deja de ser un elemento de presión por parte de la empresa, que le hubiera obligado a ser rigurosa en la justificación de las causas y la concreción de las medidas”, argumenta el juez.

Sin esa información y transparencia que hubiese requerido el proceso, la multinacional “obliga a elegir a los trabajadores en unas condiciones que, como se dice, se vislumbran como coactivas”, remarca el fallo, que en la misma línea recuerda que con la planta parada la plantilla atravesaba momentos “de preocupación”, algo que Arcelor “no debería usar a su favor”.

El escrito del juez prosigue con jurisprudencia en la que se anulan cambios de condiciones de trabajo al no respetarse el procedente periodo de consultas con la parte social. Además, se indica que la falta de concreción por parte de la empresa de las nuevas medidas daban “carta blanca” a la dirección, que se atribuye “plena capacidad decisoria”. Por todo ello concluye que el comportamiento de ArcelorMittal carece de amparo legal y es contrario a la buena fe.

recurso La cuestión ahora es conocer hasta qué punto el fallo judicial va a tener consecuencias prácticas. Arcelor ya anuncia que no está de acuerdo con los planteamientos del juez y anuncia recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Mientras no haya sentencia firme, la multinacional no está obligada a realizar cambios en la dinámica de trabajo en Sestao.

De momento todo seguirá igual en la ACB, que tiene previsto incrementar la producción a partir del día 17 hasta las 33.000 toneladas mensuales. Se incorporarán otros 40 operarios hasta rebasar los dos centenares en plantilla, que trabajarán todos los fines de semana en turnos de 12 horas y también por la noche desde medianoche hasta las doce del mediodía, en este caso en turnos de 6 horas.

Por otro lado, habrá que ver cuáles son las intenciones de Arcelor si agotado el ciclo de recursos la justicia sigue rechazando el reajuste. El traslado del centro de I+D a Sestao parece dar cierta solidez al futuro de la fábrica, aunque tratándose de un gigante de este tipo no se puede descartar que vuelva a intentar dejar en barbecho la planta si se disparan los costes. El cumplimiento mismo de la sentencia devolvería a la plantilla a la situación de junio, es decir, con el ERE temporal del grupo, que aun no ha sido renovado para 2017, activo.

ELA celebró la sentencia y reclamó la puesta en marcha de la ACB a plena capacidad manteniendo todo el empleo incluidas las subcontratas.