Bilbao - El Departamento vasco de Trabajo va a reforzar esta legislatura la lucha contra el fraude en la contratación y la vigilancia en las empresas de situaciones que generan riesgos para la seguridad laboral. Para ello se aumentará en seis la plantilla de inspectores y se creará un buzón telemático para denuncias anónimas en ambas cuestiones se cara a su posterior investigación. También se prestará especial atención a la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Son algunas claves de las líneas de actuación de la consejería de Trabajo y Justicia, que ayer explicó en el Parlamento Vasco su titular, María Jesús San José. Tras la decisión de separar las políticas laborales en dos departamentos e incluir Lanbide dentro de Empleo y Políticas Sociales, el principal cometido del de Trabajo será velar por la salud y las condiciones laborales y dinamizar el diálogo social en Euskadi.

Respecto al primer pilar, San José anunció que el número de inspectores aumentará en mayo de los 38 actuales hasta 44. Además, destacó que cuando Euskadi asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social -cuya transferencia ha vuelto a reclamar- se contará también con los inspectores que ahora dependen en estos momentos del Ministerio. Con todo esa labor de vigilancia choca en muchas ocasiones con el miedo de los trabajadores a denunciar las “situaciones ilícitas” que sufren en sus puestos. Por ese motivo se pondrá en marcha un “buzón contra el fraude” que permitirá denunciar de manera anónima las irregularidades. El objetivo es llegar al personal de empresas pequeñas donde “la presión es mayor” y en general a empleados con contratos precarios.

La consejera de Trabajo también esta dispuesta a afrontar el reto de dar impulso a un diálogo social “efectivo”. En esa línea, emplazó a ELA y LAB a “reconsiderar” su ausencia de la Mesa de Diálogo Social de Lakua. San José pidió a los dos sindicatos abertzales que, “por encima de otras cuestiones”, prioricen la creación de trabajos dignos y la reducción de la precariedad y la temporalidad. El acuerdo que blinda los convenios vascos respecto a los estatales firmado a finales del año pasado es un activo en la negociación colectiva y el Ejecutivo apostará por impulsar la firma de convenios. San José recordó que hay 336.000 trabajadores que tienen sus condiciones laborales prorrogadas o decaídos y solo el 38,8% de la fuerza laboral (213.000 personas) cuenta con un convenio vigente en Euskadi.

Dentro de sus compromisos para la legislatura, la consejera de Trabajo y Justicia se comprometió a presentar en el primer semestre del año que viene un proyecto de Ley de Cooperativas. Se trata de una norma que el Gobierno Vasco ya alumbró el año pasado, pero que no fue aprobada por el Parlamento al concluir la legislatura, de manera que decayó.