BILBAO - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el decreto con el que el Gobierno de Iñigo Urkullu recuperó la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios vascos. En una sentencia firmada el pasado 20 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario, se estima el recurso presentado por el Ejecutivo español y se obliga a Euskadi a dar marcha atrás once meses después de la aprobación de la medida. Los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo que firman el fallo consideran que, mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una jornada de 37,30 horas semanales, no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos. Solo una “norma con igual rango” -es decir, otra Ley presupuestaria del Estado- puede modificar la situación, apunta la sentencia, que descarta que exista invasión de competencias como defendía Euskadi.

Para los jueces que firman, Luis Ángel Garrido, José Antonio González y Trinidad Cuesta, “está perfectamente definido a quien corresponde” la capacidad de fijar el tiempo de trabajo. Además, estiman que la jornada de 35 horas “implica el incremento del gasto público por encima del nivel permitido para 2016” y “afecta” a la “estabilidad presupuestaria”. Lo cierto es que, pese al aumento del gasto en personal, Euskadi va a terminar el año entre los mejores de la clase y aprobará con solvencia el examen del déficit. La medida ahora anulada no ha generado ningún desaguisado en las Cuentas Públicas de la CAV.

El Gobierno valorará hoy el fallo La decisión judicial estará hoy sobre la mesa del Consejo de Gobierno en Lakua, que tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y solicitar el amparo del Tribunal Constitucional. Las 35 horas se han aplicado con normalidad en el calendario de este año porque el abogado del Estado no solicitó en su momento la suspensión cautelar de la medida y, a punto de acabarse diciembre, no hay margen para modificar las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Sin embargo, el escenario cambia de cara al próximo año y los trabajadores de la administración tendrán en principio dos horas y media más de trabajo a la semana. La reducción de la jornada ha generado un sobrecoste salarial en Lakua de en torno a ocho millones de euros a causa del personal contratado para cubrir los turnos en la Administración vasca -básicamente en Osakidetza- y pagar las horas extras que se han tenido que realizar en la Ertzaintza, donde no cabe lógicamente la posibilidad de contratar interinos.

El fallo del Tribunal Superior vasco se hace público en un contexto político en el que los gobiernos vasco y central buscan normalizar sus relaciones, enrarecidas precisamente por los numerosos recursos españoles a normas aprobadas en Euskadi. A la espera de la respuesta oficial del Ejecutivo vasco, las 35 horas añaden tensión y además no es una materia en la que Mariano Rajoy esté dispuesto a hacer concesiones.

Al contrario, la Abogacía del Estado ya hizo descarrillar en septiembre la jornada de 35 horas de Castilla-La Mancha, presentó en octubre un recurso para frenar el intento de Manuela Carmena de implantarlas en el Ayuntamiento de Madrid y prepara otro para tumbar la reducción de jornada de los funcionarios andaluces aprobada en noviembre por el Ejecutivo de Susana Díaz. En el caso de la administración manchega, sí se solicitó la suspensión cautelar de la medida, por lo que dejó de aplicarse en mayo. El Gobierno español sabe que si las comunidades y ayuntamientos empiezan a aplicar de forma generalizada las 35 horas, los sindicatos redoblarán su presión para que se recuperen también en la administración central. Su coste podría superar los 6.000 millones de euros y el objetivo es frenar la ola antes de que empiece a tomar cuerpo.

La postura del PP parece inflexible aunque el guante lanzado este mes a los sindicatos por la ministra Fátima Báñez con la propuesta para que la jornada laboral acabe a las 18.00 horas abre espacios para el acuerdo en otras cuestiones y la bandera de las 35 horas sigue siendo básica para las centrales.

Entre las incógnitas que deja la anulación de la rebaja de jornada en Euskadi, destaca su efecto en las relaciones entre sindicatos y Ejecutivo. El Gobierno Vasco cumplió el pasado mes de febrero su compromiso de volver a las 35 horas pactadas en el año 2000 en cuanto fuera posible. Se percibía que la decisión de Madrid de devolver a los funcionarios la paga extra suprimida en 2012 ponía fin a la política de contención del gasto en personal y que se abría, por tanto, una vía para reducir el tiempo de trabajo.

Bajo esa premisa, el Departamento de Administración Pública negoció con los funcionarios un paquete de medidas que, junto a las 35 horas, incluía un día más de vacaciones, 22 en total, y recuperar los seis días de permiso por asuntos propios, los denominados moscosos.

Aquel acuerdo supuso un encontronazo entre Lakua y Confebask, cuyo presidente, Roberto Larrañaga, criticó la decisión por que no era “un buen ejemplo” para el resto de trabajadores. Larrañaga afirmó que antes de reducir la jornada de los funcionarios había que entrar en el debate sobre cómo aumentar su productividad y “aprovechar mejor sus funciones”. El consejero vasco de Administración Pública y portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, reprochó a la patronal vasca su “beligerancia selectiva” con el Ejecutivo de la CAV al haber renunciado a pronunciarse cuando Madrid anunció que devolvía la extra a los funcionarios a las puertas de las elecciones generales de 2015.

Claves de la sentencia. Los magistrados del Tribunal Superior vasco consideran que Euskadi no tiene competencias para fijar la jornada de los funcionarios vascos mientras esté vigente la normativa presupuestaria que sitúa en 37,30 horas el tiempo de trabajo semanal. Además, dan la razón al Estado que entiende que las 35 horas afectan a la estabilidad presupuestaria.