madrid - El Gobierno español del PP no quiere dejar flancos abiertos a temas sensibles que puedan dar pie a propuestas populistas y ha decidido actuar en el tema de la denominada pobreza energética o sea en el corte de la electricidad, -un elemento básico para la vida de los hogares en la sociedad urbana del siglo XXI-, por impago del recibo de la luz por falta de recursos económicos.
Así, el Ejecutivo aprobó ayer unas normas que, entre otros puntos, impedirán que se corte la luz antes de cuatro meses de impagos, no de dos como hasta ahora, para dar tiempo a buscar una solución; prohibe el corte de la misma en los casos más graves de vulnerabilidad económica, elemento que tiene que definir; y gradúa y modula diversas ayudas para rebajar la factura de la luz en función del nivel de renta del ciudadano en cuestión.
El desgraciado accidente de una anciana en la localidad catalana de Reus, que falleció fruto de un incendio provocado por las velas con las que iluminaba su hogar después de que se le cortase el suministro eléctrico, ha devuelto el debate sobre la pobreza energética a la primera página de la actualidad.
Aunque no hay cifras exactas conocidas, los dos mayores distribuidores eléctricos del Estado, Iberdrola y Endesa, realizaron 500.000 cortes de suministro eléctrico por no pagar el recibo de la luz en 2015, de los cuales las tres cuartas partes se reestablecieron en pocos días. Así las cosas, el INE considera que un 10% de los hogares tiene problemas para pagar a fin de mes la luz y el gas
Para paliar en cierta medida esta situación se implantó en 2009 el bono social, un descuento del 25% en la factura eléctrica para determinados colectivos. Las eléctricas se comprometieron a financiar el bono social a cambio, entre otros aspectos, de la colocación con garantía del Estado de la deuda acumulada en el sistema eléctrico pero las empresas eléctricas denunciaron el bono social ante el Tribunal Supremo, que acaba de anular su modo de financiación. Por este concepto, las empresas pagaban alrededor de 200 millones de euros al año.
Y esta cifra y la coyuntura citada han desencadenado la necesidad de cambiar el sistema. Así, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto Ley que establece el nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y refuerza las medidas de protección para los consumidores vulnerables, prohibiendo la suspensión del suministro eléctrico para aquellos considerados severos y que estén siendo atendidos por los servicios sociales.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que los consumidores eléctricos vulnerables tendrán “intensidades de ayudas diferentes” en función de su renta y que no se podrá cortar la luz en los casos más graves. El desarrollo normativo del real decreto-ley que fija el nuevo modelo de financiación del bono social definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y mejorará su protección.
“Es un decreto ley que surge del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas para solucionar un problema de gran complejidad”, aseguró el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, subrayando que con la aprobación de esta normativa se reestablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras de electricidad.
De esta manera, se salva el carácter discriminatorio del anterior sistema, que había llevado al Tribunal Supremo a tumbarlo, ya que Nadal afirmó que ahora se incluye al 100% del sistema, mientras que antes sólo se incluía al 94%.
Además, la norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
La factura baja el 11%. El consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en el ejercicio 2016 con respecto a 2015, mientras que en el caso del gas el descenso ha sido del 9%, anunció el Ministerio de Energía. El Gobierno aprobará la congelación de los peajes de electricidad y gas para 2017.
Tipos de consumidores. Con los cambios a introducir por el Gobierno, quedarían al menos cuatro tipos de consumidores: el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, atendido por los servicios sociales, al que no se le podrá cortar la luz. En este último caso el coste de los impagos para evitar esos cortes será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.
Preaviso cuatro meses. Se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de preaviso en los cortes y las eléctricas tendrán obligación de comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si es extremadamente vulnerable.
