MADRID - La minoría parlamentaria del Gobierno de Rajoy ha permitido a la oposición abrir una grieta en las políticas con la subida progresiva del salario mínimo interprofesional por el que ya se han colado los sindicatos. El Congreso aprobó la semana pasada con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos situar la referencia salarial en 1.000 euros a final de legislatura, y UGT y CCOO enviaron ayer una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que le recuerdan que hay que actualizar el SMI antes de fin de año y que deberá situarse ya en los 800 euros, el primer escalón de la subida progresiva debería escalarse en menos de un mes.

Los dos grandes sindicatos de ámbito estatal marcan territorio en un momento clave. Báñez se reunirá con ellos mañana para “dialogar y negociar” el salario mínimo, según explicó ayer la ministra en el Congreso.

Sin embargo, el Ejecutivo acude con un punto de vista muy diferente. No tiene ninguna intención de seguir el mandato del Congreso y su idea es que el SMI suba en 2017 “en relación con la recuperación económica, para que siga permitiendo la competitividad de las empresas y facilitando que se creen 500.000 empleos”.

La titular de Empleo señaló que el Gobierno está cumpliendo con el proceso legislativo y con el artículo 27 del Estatuto de Trabajadores, que dice que el Gobierno fijará, previa consulta de las organizaciones sindicales más representativas, el SMI teniendo en cuenta el IPC o la productividad media nacional. Si no hay acuerdo, fijará el sueldo mínimo por decreto. - DNA