madrid - Una vez aterrizado el nuevo Gobierno español los diferentes grupos de interés ya han mostrado sus cartas y los lobbys empresariales españoles no han dudado en mostrar a las primeras de cambio su oposición a una subida de salarios y a un aumento de las cotizaciones e impuestos para hacer frente al pago de las pensiones públicas.
Una vez más, el Círculo de Empresarios fue el más tajante al valorar una posible alza del salario mínimo interprofesional, 654 euros al mes, durante la presentación del informe Un sistema fiscal para crecer en un entorno global, pues su presidente Javier Vega de Seoane señaló que les parecería “negativo” un incremento del SMI si ello conllevase un aumento del desempleo, al ser el “principal problema y el principal objetivo”.
En la misma línea también expresó su rechazo a una subida de sueldos de los trabajadores, “no sería compatible” con el crecimiento de la economía y el empleo aunque matizó que si fuese “acompañada de una mejora de la productividad” si se contemplaría como “bueno” un aumento salarial. Eso sí, tras la matización dejó claro que la economía española ha mejorado su competitividad a través de una devaluación competitiva de los sueldos, con la “parte negativa” de que ha supuesto una reducción de salarios para los trabajadores españoles.
A nivel fiscal el lobby empresarial español sí se mostró partidario de subir el IVA, “retocar” según señaló textualmente Vega de Seoane, pero se negó en redondo a la implantación de nuevos tributos, como los que se piden desde diversos sectores para financiar las pensiones, a los ciudadanos. En cambio defendió el reducir los impuestos a las empresas a través del Impuesto de Sociedades, así como bajar las cotizaciones sociales, algo que elevaría el déficit de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones.
cepyme y la jubilación En relación a este tema, la patronal española de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, abogó por adelantar en el tiempo las medidas para dificultar el acceso a la jubilación y potenciar las pensiones privadas.
La directora de Relaciones Laborales de la citada Cepyme, Teresa Díaz de Terán, instó a ampliar el tiempo de cotización hasta los 38 años y 6 meses para acceder a la jubilación a los 65 años, la ampliación del período del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión de 15 a 25 años o el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Estas medidas, en virtud de su período transitorio, se acabarían implantando entre 2022 y 2027, y Cepyme quiere que se incorporen lo antes posible.
La citada asociación empresarial también quiere que la Seguridad Social deje de encargarse de ciertas pensiones contributivas, como las de viudedad o el complemento a la maternidad, y que pasen a financiarse a través de los Presupuestos del Estado.
Cepyme defendió que las pensiones públicas se financien por una vía distinta a la actual, centrada en las cotizaciones sociales, criticando los “costes” que estas tiene para la creación de empleo.
CCOO El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, propuso ayer en la Comisión del Pacto de Toledo que parte de las pensiones, concretamente las de viudedad y orfandad, se financien a través de ingresos fiscales de los Presupuestos Generales del Estado y que se aumente las cotizaciones sociales dos puntos.
Son parte de las medidas que el sindicato ha presentado estimando un montante adicional en los ingresos al sistema de la Seguridad Social de 70.952 millones de euros. El incremento de dos puntos de cotización supondría, ha dicho, 7.000 millones de euros y tendría carácter temporal, ya que se mantendría “durante el tiempo necesario para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social”. Toxo también ha propuesto destopar las bases máximas de cotización y el incremento de la base mínima de cotización -como consecuencia del alza del SMI- y que el Estado asuma los gastos de la administración de la Seguridad Social.
