MADRID - El Pacto de Toledo arrancó ayer la legislatura dos mensajes contradictorios por parte del Gobierno central. El mecanismo de pensiones es “resistente” y las jubilaciones están garantizadas “a medio y largo plazo”. Sin embargo, el mecanismo se “ha deteriorado” en los últimos años por la escasez de ingresos y es necesario buscar fórmulas para repararlo. El objetivo de los partidos y sindicatos que participan en el grupo de trabajo del Congreso es presentar la próxima primavera una reforma con el mayor grado de consenso posible y en la primera toma de contacto el Gabinete de Mariano Rajoy planteó fórmulas para tapar un par de agujeros en el sistema.
Uno de ellos lo ha provocado la apuesta del PP por incentivar el empleo a través de rebajas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, las denominadas tarifas planas. El otro forma parte del antiguo debate que distingue entre las pensiones de jubilación de los trabajadores y las prestaciones que reciben las viudas y los huérfanos. El Ejecutivo tiene el mismo planteamiento para ambas cuestiones: sacarlas de la Seguridad Social y financiarlas a través de los Presupuestos.
Esa fue la propuesta más concreta, si bien sin entrar al detalle, que realizó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la primera comparencia de la comisión. También defendió la legalidad de recurrir a la hucha de las pensiones cuando no haya fondos para atender los pagos y explicó que el Gobierno español seguirá haciéndolo “con total normalidad” cuando sea necesario. Previsiblemente lo hará en diciembre para pagar la extra de Navidad.
tope de cotización La situación de minoría del Ejecutivo abre no obstante la puerta a otras posibilidades. De modo que el propio Mariano Rajoy mostró poco después su disposición a hablar sobre algunas de las propuestas realizadas por Podemos. Entre ellas, la eliminación del tope a la cotización de los salarios más altos, que no cotizan por las cantidades que están por encima de los 3.642 euros.
Durante su intervención en el primero Pleno del Senado de la legislatura, el presidente también admitió que se puede hablar de la supresión de regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Lo que en su caso supondría poner punto y final a la medida estrella de las políticas de incentivación de la contratación del PP, las bonificaciones y deducciones que permitieron a los empresarios ahorrarse casi 3.400 millones de euros el año pasado.
La disposición a hablar sobre esas cuestiones o sobre la separación de las vías de financiación de las pensiones no es obstáculo para que el Ejecutivo popular esté buscando fórmulas para mantener sus estímulos. En esa tesitura, la ministra Báñez dejó caer la posibilidad de ligar las bonificaciones al gasto presupuestario de cara a aligerar las facturas que soporta directamente la Seguridad Social.
De ese modo se taparía un déficit de algo más de 1.900 millones al año por bonificaciones , pero quedarían por cubrir otros 1.500 millones de las reducciones que se aplican los empresarios. Y en general la medida tendría unos efectos muy limitados dentro de un gasto mensual de más de 8.500 millones en pensiones. De ellos, 1.513 millones corresponden a viudedad, que de lejos no es el mayor quebradero de cabeza del sistema.
Báñez reconoció que el mecanismo se ha erosionado por la pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo durante la crisis, pero no explicó cómo va a hacer frente su Ejecutivo a esa situación. La ministra aseguró que cambiar la vía de financiación de las pensiones de viudedad no supondría modificar su naturaleza. Sin embargo la propuesta tuvo una fría acogida y una de las principales referencias actuales del PSOE, Susana Díaz, rechazó la pretensión de “cuadrar las cuentas de la Seguridad Social” sacando del sistema a las viudas.
