MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que investiga el denominado caso Vitaldent, ha autorizado la venta del Grupo Vitaldent en España e Italia a la empresa JB Capital Markets SV SAU, perteneciente a la familia Botín, por un montante total de 18,5 millones de euros, de los que 15,5 millones lo son por el negocio en nuestro país y 3 por el del país transalpino.
En un auto dado a conocer este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 admite la solicitud de la empresa compradora para hacerse con el negocio, medida a la que se han mostrado favorables la práctica unanimidad de los afectados, así como las instituciones de defensa del interés público, esto es, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
Según el magistrado, en este caso debe primar el principio de conservación del negocio frente a propuestas como la del concurso, pues la "viabilidad del negocio garantiza los puestos de trabajo", así como que ello no tiene coste para las arcas públicas "gracias a la propuesta de inversión privada, al préstamo que desparece con la venta, a la condonación y quita que de otra forma no se daría".
El juez adopta esta decisión después de que el pasado mes de julio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligara a asumir la competencia sobre la causa, que él había rechazado inicialmente tras serle remitida de un juzgado de Majadahonda (Madrid). Se investiga al presidente de la cadena de salud dental Enesto Colman y a otros miembros de la cúpula directiva por delito continuado de blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial, entre otros.
SIGUE INVESTIGANDO "GRAVES DELITOS"
En la resolución adoptada este viernes, el juez permite la venta y con ello considera que resuelve una "controversia" que existía en la causa y restaba esfuerzos a la investigación penal de posibles graves delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal.
No obstante, y de forma previa a la venta, el juez Velasco atiende a lo solicitado por la Fiscalía y Abogacía del Estado para se proceda por la administración judicial, entre otras actuaciones, a la comprobación y exacta determinación del importe de la deuda pendiente, con aportación del listado exhaustivo de las sociedades afectadas por el plan de saneamiento.
En el escrito presentado por la empresa JB Capital Markets SV para la adquisición del Grupo Vitaldent en España e Italia se hace referencia a la compra de la totalidad de sus activos (excepto las sociedades inactivas), la asunción de los pasivos (excepto a aquellos relacionados con eventuales responsabilidades penales o civiles derivadas de delito) y la subrogación en la posición de empleador respecto de la totalidad de los trabajadores en ambos países, así como en las relaciones contractuales que consientan la cesión de sus contratos (franquiciados, arrendadores y proveedores) en los términos que se detallan en el contrato de compraventa.
El juez ha tenido en cuenta también, a la hora de adoptar su decisión, que la representación procesal de Ernesto Colman presentó un escrito por el que se mostraba conforme con la propuesta formulada por la empresa compradora.
El pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del caso, dado que en su opinión, la cúpula de la franquicia dental diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
A la hora de obligar a Velasco a quedarse con la causa, la Sala de lo Penal advertía que la trama investigada "lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo" y lo hace no solo en España sino también en países como Holanda, Suiza y Luxemburgo, realizando "operaciones ficticias y la introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita", por la que llegaron a defraudar unos 10 millones de euros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico.
Al parecer, la cantidad sustraída se desviaba a cuentas en el extranjero de forma "episódica" para después volver a traerse al circuito económico legal español.En el marco del operativo la Policía detuvo el pasado mes de abril a 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo --400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar--, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.
Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública.
El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.
